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Un sector académico y político del país ha tratado de vendernos la idea de que la Constitución del 91 fue la panacea, cuando en realidad muchos de los problemas que enfrenta hoy el país en materia de ley y orden, criminalidad, corrupción, congestión judicial, ‘tú me eliges yo te elijo’, burocracias insaciables, Cartel de la Toga, inequidad social y falta de legitimidad de la autoridad, surgieron cuando los delincuentes de la época -Pablo Escobar y el M-19- lograron arrodillar a las instituciones colombianas e imponer un nuevo contrato social.
Carta magna que convirtió a Colombia en un país de derechos y no de deberes, de prebendas y no de responsabilidades, y sentó el precedente para que narco-criminales reinsertados se convirtieran en el faro moral de una nación. Por eso, no podemos permitir que la protesta y la violencia en la calle, patrocinada por la izquierda internacional y la delincuencia organizada, nos impongan una nueva constitución, como lo hicieran los narcoterroristas en el 91.
Todo colombiano -sea de derecha, centro o izquierda- coincide en que el país necesita con urgencia una reforma a la justicia que logre despolitizar las Altas Cortes y fortalecer la capacidad de investigación del Estado; reducir el tamaño del Congreso y la burocracia estatal acabando con tanto organismo de control inoficioso; corregir el pasivo pensional y avanzar de manera más rápida en temas de acceso a la educación y oportunidades laborales, para que la gente más necesitada tenga mejores condiciones de vida. El dilema es cómo.
Petro y la izquierda internacional utilizarán estas banderas y la lucha de clases como excusa para llevarnos de manera soterrada por el camino de una nueva constituyente, con el único propósito de perpetuarse en el poder y acabar con el capitalismo. El centro tratará de convertirse en una opción de poder entre tanta polarización, para finalmente implementar los principios progresistas y cambios institucionales que pretendieron con los acuerdos en La Habana. Su talón de Aquiles -la falta de liderazgo de sus candidatos más opcionados- llevará a que esta amalgama ideológica termine montada en el discurso ‘antiuribista’ de la Colombia Humana y absorbida por la alianza de centroizquierda.
La derecha -por su parte- no tendrá mas remedio que defender los desaciertos del gobierno actual y promover un candidato que represente los ideales de seguridad y orden, imperio de la ley y economía de mercado, pero en esta ocasión, sin que sea ‘el que diga Uribe’. El reto para este sector del electorado es encontrar un candidato de unión que defienda esos ideales, que no aliene al uribismo, y logre que partidos como Cambio Radical y el gavirismo se unan y no terminen en la alianza de centroizquierda a cambio de prebendas y mermelada.
Abramos los ojos. Ayudemos a encontrar una salida a este laberinto, de lo contrario terminaremos como en Chile, con una constituyente muy seguramente liderada por “Timochenko”, la Primera Línea y algunos otros comunistas de clóset, Gustavo Bolívar o ‘el que diga Petro’, Epa Colombia, la familia Ambuila, Mancuso y algunos otros criminales reinsertados o reciclados. Cambios constitucionales son críticos y necesarios, pero no podemos abrir la compuerta a una nueva constituyente.
