El mercado oculto del estatismo

“La salud y las pensiones son un derecho y no un negocio” sigue siendo el mantra en “los barrios y en las tiendas” donde varios congresistas del Pacto Histórico informan que se discuten y cocinan las mega-reformas de Colombia. La ingenua expectativa de “sustituir la competencia por la cooperación”, como concluía la presentación ancestral del Ministerio de Salud, resume la aparente superioridad moral de las posiciones radicales de estatización de la salud y las pensiones, que resaltan la prevalencia de la benevolencia y el altruismo sobre la competencia y el ánimo de lucro.

Se equivocan. La tan anhelada abolición del mercado a través de la estatización no encuentra respaldo en la evidencia histórica. Una gran decepción se llevarían los entusiastas del cambio revolucionario al darse cuenta de que el cambiar sistemas regidos por la competencia entre actores privados y públicos por monopolios estatales no destruye el mercado; simplemente crea otro, más siniestro.

En primer lugar, la rigidez de los sistemas estatizados produce cuellos de botella, desabastecimientos e ineficiencias generalizadas que generan mercados negros, tráfico de influencias y corrupción masiva. El sovietólogo Gregory Grossman describió cómo el modelo soviético, supuestamente caracterizado por una planificación centralizada estrictamente regimentada, en realidad tenía una “segunda economía” capitalista liderada por actores informales y criminales, caracterizada por el Blat o “economía de favores”. Detrás del aparente socialismo en el suministro de bienes y servicios, el régimen soviético escondía una oscura dinámica de red de contactos, favores y corrupción que determinaba la asignación de recursos. Una oferta ciega ante la demanda obligaba a campesinos a vender clandestinamente cosechas privadas, a fabricantes a esconder mercancía de reportes oficiales para luego contrabandearla y a burócratas a pedir sobornos a cambio de asignar mejores apartamentos.

En segundo lugar, las listas de espera y el deterioro crónico del servicio público orienta la conducta hacia actividades improductivas. Como describió la columna de Bagehot de The Economist en enero, en Inglaterra, los tiempos de atención en servicios públicos universales están empeorando en picada. Tiempos de espera de ambulancias son de horas; en centros públicos de conducción de seis meses; y para la atención de cirugías básicas hasta de 2,75 años. Por ello se están generalizando mañas para saltarse las largas filas, se manipulan formalismos para lograr un tratamiento prioritario a cambio de recompensas o se usan influencias para obtener el acceso a canales informales para la solución de problemas.

Y, en tercer lugar, la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos universales ha dado paso al surgimiento espontáneo de servicios privados suplementarios que nacen como consecuencia de una insatisfacción crónica de las necesidades de los sistemas públicos. Actores privados de todo tipo (vigilancia, ambulancias, cirugías, odontología, etc.) han pululado en Inglaterra ante la saturación y colapso de los servicios públicos.

Así como el Blat o “economía de favores” era requerido para poder sobrevivir en el mundo soviético, el Gobierno actual pretende obligarnos a depender de dinámicas oscuras inherentes a los servicios públicos monopolísticos y restringir nuestras libertades económicas de elegir entre alternativas regidas por la competencia. Por esto, y muchas cosas más, los colombianos debemos marchar.