Analistas

La tapa

Como se suele decir a menudo coloquialmente, esta sí es la tapa, por no decir el colmo. De Electricaribe, empresa esta operadora de red de la región Caribe, se sabía hace rato que venía prestando un pésimo servicio de energía eléctrica a sus 2.565.855 usuarios, caracterizado por las continuas y prolongadas interrupciones, por los recurrentes racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento” a las redes, los altibajos en el voltaje y la consiguiente avería de los electrodomésticos y más recientemente los frecuentes amagos de “limitación de suministro”, esto es racionamientos programados por parte del operador de red, XM, por mora e impago de la energía suministrada por los generadores para ella distribuirla, que estuvo a punto de apagar a la región.
Se sabía, además, que Electricaribe, en los siete años que lleva bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNF) no había hecho las inversiones requeridas, lo cual había llevado a la obsolescencia de redes, transformadores, herrajes e instalaciones, lo cual se ha traducido en la calamidad pública que agobia a sus usuarios, convirtiéndose en la empresa más abominada en la región.
Todo eso se sabía, lo que nadie sospechaba es que Electricaribe, mientras estuvo en manos de GNF, se quedaba con los subsidios al consumo de energía de la población más vulnerable, que se financian con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Solo ahora, en momentos en los que Electricaribe, ha estado intervenida con fines de liquidación desde el pasado 15 de noviembre, gracias a la actuación especial por parte de la Contraloría General de la República, se ha podido establecer que “la gestión adelantada por Electricaribe, respecto a la administración de los recursos Foes es ineficaz, por cuanto no cumplió con el propósito de los recursos y los fines esenciales del Estado al no aplicar la totalidad del beneficio Foes a que tenían derecho usuarios identificados en el cuerpo del informe”.

El calificativo que le da la Contraloría General de “ineficaz” a la administración de los recursos Foes nos parece demasiado eufemístico y veamos por qué. Primero, expliquemos qué es el Foes. El Fondo de Energía Social (Foes) fue creado mediante el artículo 118 de la Ley 812 de 2003, como un Fondo especial del orden nacional, el cual se alimentaba inicialmente de 80% de las llamadas “rentas de congestión” y sus recursos tienen como destinación específica el descuento de hasta $40 por kilovatio-hora, que posteriormente se incremento a $46 del consumo de subsistencia establecido por la Upme de la energía facturada a los usuarios ubicados en las zonas de difícil acceso, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas.

Es de anotar que, por las características peculiares del mercado al cual sirve Electricaribe, más de 80% de los mismos se asignan a través de esta empresa.
Huelga decir, que los recursos del Foes son públicos y con ellos se pagan por parte de la Nación los subsidios a las personas de menores ingresos, para que estas “puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios”, en este caso el de la energía eléctrica, tal como lo dispone el artículo 368 de la Constitución Política.

El Ministerio de Hacienda le gira al Operador, en este caso a Electricaribe, para que esta le traslade y le aplique el beneficio a los usuarios que son objeto del mismo y el valor del subsidio se debe reflejar en la factura del usuario a manera de un descuento, “como un menor valor a pagar” por parte del mismo.
Se quedó corta la Contraloría cuando al término de su auditoría termina calificando de “incorrecta aplicación del subsidio Foes”, pues lo que realmente sucedió, dicho en buen romance, fue que de los $46 solo se le abonaron a los usuarios $0,46 (¡!), o sea, que se quedaron con 99% del monto de los subsidios que le giró el Ministerio de Hacienda, que ascienden, aproximadamente a la suma de $4.000 millones/mes.

Después del análisis efectuado por parte de la Contraloría General, esta arrojó como resultado un “hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”. Y como esta práctica tan detestable por parte de Electricaribe, de quitarle a los más pobres de los pobres “para enjugar parte de sus pérdidas” se venía dando desde 2012 según la Superintendencia de Servicios Públicos, está por establecerse cuánto se embolsillaron en los años anteriores a estos.

Esto es escandaloso y no deja de ser irónico que los señores de GNF, que llevaron al Estado colombiano hasta un Tribunal de Arbitramento Internacional para dirimir la controversia que planteó, alegando que se les está expropiando, cuando en realidad son ellos los que se han venido apropiando de recursos que no son suyos, los cuales tendrán que reintegrar y de paso tendrán que resarcir a sus resignados usuarios, que fueron esquilmados por ella. ¡Su avilantez no conoce limites!