Cómo adelantar la transición energética y no fracasar en el intento

Es bien sabido que Colombia no es un país petrolero, ya que sus reservas son precarias y la producción no supera 0,75% del total mundial. Aun así, el país tiene una gran dependencia del mismo, habida cuenta de que es el primer renglón de exportación, la principal fuente generadora de divisas e ingresos para la Nación y para las entidades territoriales. Ello nos lleva a decir, con el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, que aunque “debemos procurar que el petróleo y la minería no inhiban el desarrollo de otros sectores, de ninguna manera dejar pasar oportunidades en minería y petróleo que no atenten contra el medio ambiente”. Tiene toda la razón.

La verdad es que, como señala la Agencia Internacional de Energía (AIE), apenas a partir de 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda por petróleo en el mundo. El principio keynesiano de que toda demanda crea su propia oferta es infalible. De modo que no porque Colombia lo deje de producir y exportar se dejará de consumir, de manera que serán otros países, nuestros competidores los que ocuparían el lugar de Colombia como proveedores.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. […] es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra han estado fuera de lugar.

La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos. El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico. Es de anotar que la exviceministra Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.

La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y Va más lejos aún al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042. Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.

Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geófisicos del Petróleo, Flover Rodriguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.

Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.

Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón; al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.

Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo, como depende, de la actividad extractiva del petróleo y el carbón. Aún más a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y sobrevivirán los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia. Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición Energética con una estrategia de Transformación Productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. Lo que no se puede es dar un salto al vacío y darle la espalda a los hidrocarburos cuando no tenemos al alcance de la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. Pero es claro que el cambio toma su tiempo y demanda, en este caso, de ingentes inversiones.

No podemos dejar lo cierto por lo dudoso. Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de fuentes renovables. Ese error lo está pagando caro actualmente. Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania, y en general los países que integran la Unión Europea, es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países.