El 20 de marzo de 2014 la Policía Federal del Brasil detenía a Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras, quien había entrado a los radares del ente investigador por recibir de regalo una lujosa camioneta de más de US$100.000 por parte de Alberto Youssef, oscuro personaje involucrado históricamente con lavado de dinero en el Brasil.

Aparecía por primera vez en los titulares de prensa un nombre que se haría histórico: Operación Lava Jato. Era el comienzo del más grande y exitoso conjunto de investigaciones de corrupción de nuestro hemisferio.

La Operación Lava Jato descubrió un sofisticado modelo de corrupción que pretendía perpetuar en el poder a la izquierda a través del Partido de los Trabajadores (PT) y sus partidos satélites. Estos partidos colocaban aliados políticos en posiciones estratégicas de la estatal petrolera Petrobras, quienes a su vez firmaban jugosos contratos en licitaciones amañadas con empresas privadas amigas del gobierno, que inflaban sus precios con el beneplácito tanto de Petrobras como del propio gobierno federal.

Este modelo sirvió para profesionalizar a estas empresas en el arte de corromper. Una de ellas, Odebrecht, decidió exportar el modelo para el resto de América Latina, con los resultados que ya conocemos.
El excedente económico de esta práctica corrupta se dividía entre la empresa privada que ganaba la licitación, el testaferro de los partidos de gobierno dentro de Petrobras y los propios partidos vinculados a los gobiernos de Lula y Dilma.

Esto permitió al PT acumular mucho dinero con el cual alimentó por casi tres lustros el clientelismo político, garantizando una gobernabilidad poco republicana y consolidando la cleptocracia en todos niveles y poderes del Estado.

Tal vez los dos mayores méritos de la Operación Lava Jato sean por una parte el haber revelado a los ciudadanos las intenciones y métodos antirrepublicanos de Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores y por otra parte el hecho sin precedentes de haber condenado criminalmente a miembros de las élites políticas y económicas de América Latina, incluyendo presidentes, expresidentes, ministros, viceministros, congresistas, jueces, empresarios y ejecutivos de grandes empresas.

En Brasil, además de sumar 159 condenados hasta hoy, la Operación Lava Jato ya garantiza a los cofres públicos la devolución de más de US$3.000 millones procedentes de procesos de colaboración con la justicia de empresas e individuos corruptos.

A pesar de sus virtudes o tal vez justamente por causa de ellas, la Operación Lava Jato acumula numerosos enemigos quienes, desde sus posiciones tanto en las altas cortes como en el legislativo brasilero, con frecuente éxito bombardean sus conquistas, generalmente utilizando argumentos legales relativos a las formas y ajenos a la esencia de lo que es justo.

La Operación Lava Jato es hoy el símbolo de una nueva justicia, realmente ciega, que nuestro continente hasta entonces no conocía en la práctica, tan solo en el papel. Anhelada y protegida por los agentes de la renovación mientras es amenazada y apedreada por los representantes de un estado hinchado, anacrónico y garantista de privilegios, la misma se debate entre la vida y la muerte. Si su espíritu sobrevivirá, solo el tiempo lo dirá.