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Colombia tiene instrumentos institucionales de orden constitucional y legal que hacen de la parafiscalidad, materialización concreta de alianzas público-privadas en pro del desarrollo económico y social del país.
La novedad que en el marco de las teorías de Mariana Mazzucato representan las alianzas público-privadas para desarrollar misiones estratégicas, y que para el actual gobierno son fuente de inspiración, tienen en las manifestaciones organizacionales de la parafiscalidad en Colombia, una encarnación verificable con jugoso material de estudio y grandes potenciales para la innovación económica y social.
Una rápida mirada permite reconocer algunos ejemplos.
Fondos parafiscales del sector agropecuario pensados para promover la competitividad e innovación sectorial, el primero de los cuales se creó en 1927 con el gravamen a las exportaciones cafeteras.
Hoy, además del fondo nacional del café, sectores estratégicos en materia de sostenibilidad alimentaria que cuentan con estas figuras son el arrocero, cerealero, papero, cacaotero, ganadero y lechero, porcicultor, palmero y el cañicultor. En su dirección y gestión, los gremios juegan papel significativo y son interlocutores naturales del gobierno nacional y movilizaron en 2022 aproximadamente $770.000 millones.
Por el lado de la sostenibilidad social brillan por su relevancia el Icbf, Sena y Cajas de Compensación Familiar. En el Sena y cajas de compensación, sus juntas directivas cuentan con participación significativa de organizaciones gremiales, empresariales y sindicales; en el Icbf, su junta directiva está mayoritariamente representada por entidades del sector oficial y es la estructura parafiscal con menos participación de diversas expresiones de la sociedad civil.
Otros sectores económicos como el gasífero y petrolero operan instrumentos parafiscales con sus particulares desarrollos institucionales haciendo significativos aportes en materia de sostenibilidad energética .
Una alianza público privada opera sobre la base de concertación y diálogo edificante y constructivo entre los actores públicos estatales y sectores privados gremiales y sindicales de sociedad civil implicados; en esas alianzas, el factor confianza es fuente de progreso y avance.
Una parafiscalidad, gestionada por un gremio y/o sindicato o por una entidad pública específica, que busque consolidar altos estándares de servicio en favor de sostenibilidad integral de sus asociados y/o beneficiarios, no resiste una visión estadocéntrica incapaz de reconocer y valorar la autonomía propia del sector gremial y/o sindical y/o social concernido; tampoco resiste una visión privatista por parte de sectores particulares, que sustraigan al instrumento parafiscal del ejercicio socialmente responsable, competente, transparente de los recursos confiados a ellos para su administración.
Los desarrollos doctrinarios, legales y jurisprudenciales de la parafiscalidad posterior a la constituyente del 91, ha sido sumamente rico y no ameritan ser sometidos a caprichos ideológicos de izquierdas y derechas fatigadas, reactivas y poco creativas. Eficiente y eficaz gestión parafiscal robustece y profundiza la democracia representativa y participativa en Colombia.
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