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La transformación digital es uno de los grandes avances del país en los últimos años. El crecimiento de las transacciones por comercio electrónico y la digitalización lograda en sectores como las telecomunicaciones, el servicio al cliente y el sector financiero, entre otros, han venido a darles una mano a los colombianos que pueden adquirir bienes o servicios de forma más rápida y sobre todo más barata. Y todo esto se profundizó con los confinamientos derivados de la pandemia, que nos obligaron a digitalizar muchas cosas que antes hacíamos de forma presencial.
En el caso del sector financiero, tanto la digitalización de los pagos y de la apertura y manejo de los productos como el uso de canales electrónicos han sido la tendencia de los años recientes. Por ejemplo, el número de transacciones en el sector por canales digitales llegó al 73% del total en 2021 y el monto de dichas transacciones creció desde 32% del total en 2016 al 48% en 2021, superando el monto transado en canales físicos desde el 2018.
Sin embargo, el crecimiento de la digitalización también trae un problema detrás, el aumento de los ciberdelitos.
En el caso del sector financiero, esto ocurre porque la digitalización ha elevado el beneficio para los ciberdelincuentes, que pueden diseñar estrategias baratas y fácilmente replicables, y ha reducido el costo por posible captura o judicialización pues los engaños se hacen virtualmente, dificultando la identificación de los responsables.
Esto se refleja en las cifras. Por ejemplo, los datos de la Fiscalía sobre hurto por medios informáticos muestran un crecimiento promedio del 26% anual en los últimos cinco años. La encuesta de fraude de Asobancaria enseña cifras similares.
No obstante, la buena noticia es que los recursos en reclamación por posible fraude apenas llegan a 60 centavos por cada $10.000. Esta noticia, que es muy positiva, pues muestra que pese al mayor número de ciberdelitos hay garantía plena de seguridad de los recursos de los ahorradores, se ha logrado gracias a las actuaciones en materia de ciberseguridad de diferentes actores: Gobierno, usuarios y las entidades del sector.
En efecto, en el sector público se ha creado un anillo de seguridad que incluye a la Policía Nacional (C4), MinTIC (Colcert), MinDefensa (SECOP), Superfinanciera, la Fiscalía y el propio Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) del Gobierno que se articula permanentemente con el CSIRT financiero liderado por Asobancaria.
Además, las entidades financieras gastan cerca de $300.000 millones al año en tecnología y nuevas herramientas digitales como estrategia de ciberseguridad, y en capacitaciones y programas de sensibilización dirigidos a los usuarios. Y, por último, los usuarios han ido aprendiendo la importancia de cuidar su información personal ante los ataques constantes que les llegan por todos lados (llamadas, correos, mensajes de texto).
Con todo esto, avanzar en una verdadera política pública de ciberseguridad que tome los lineamientos de los CONPES que han salido sobre el tema y articule todos estos esfuerzos se vuelve fundamental. Esta debería tener un líder claro, unificar esfuerzos y estrategias, generar normativa que eleve el costo que tiene para el delincuente el incurrir en un ciberdelito, y mantener la sensibilización permanente a los usuarios.
¡El nuevo Gobierno debería tener esto dentro de sus prioridades!
