Hace unos días Citibank me invitó a dar una conferencia en St. Petersburgo, Florida, con motivo de la celebración del foro anual de liderazgo de la industria financiera. Después de la conferencia, como es costumbre, me quedé conversando sobre la actualidad económica y política de la región con inversionistas. Como era de esperarse, escuché historias muy poco halagadoras sobre el futuro de Venezuela, comentarios problemáticos sobre la incapacidad de Brasil para crecer más rápido sin generar una inflación alta y comentarios decididamente positivos de países como México y Panamá.
Durante todos los años en los cuales he sido panelista en este evento, siempre había escuchado comentarios muy positivos sobre la situación de Colombia. Por ejemplo, en años pasados escuchaba odas sobre como Colombia pasó de ser un estado fallido a ser un estado próspero con una economía que podía crecer fácilmente por encima del 6% anual sin generar inflación. Preocupa que este año la situación fue diferente.
Quizás la disminución del positivismo sobre Colombia tenga que ver con el proceso que está llevando a cabo la administración Santos con las Farc, uno que mucha gente del gremio financiero ve con malos ojos, pues, al igual que yo, no ve por qué razón un gobierno legítimo tenga que consultar a genocidas sobre la política agraria del país. Pero la historia no es solo esa. Percibo que los inversionistas están preocupados con el estancamiento que se está viendo en la industria minera del país, con la contracción de la industria en 2012 y con la caída de las exportaciones, en un momento en el cual países tan variados como Chile, Perú o Panamá, continúan mostrando una dinámica de crecimiento muy importante.
El enfriamiento de la economía de Colombia y la consecuente disminución del interés inversionista también se debe a otras dos cuestiones. La primera tiene que ver con los obstáculos al desarrollo que continúan presentando las instituciones. Un ejemplo certero es la resolución tomada por la Corte Constitucional de trancar la autopista Cali-Buenaventura por los supuestos incumplimientos del gobierno en el procedimiento de la consulta previa. En mi opinión, que el desarrollo del país se detenga porque la comunidad x o y no quiere que le pasen una carretera cerca es la definición de la sinvergüencería jurídica, una que afecta la capacidad de la sociedad de disminuir la pobreza.
El otro factor negativo está atado al deterioro que se ha visto en la paz laboral de Colombia. Procesos de huelga como el del Cerrejón, el cual ha sido fielmente apoyado por personas como el Senador Robledo, quien justifica la huelga en el hecho que un trabajador en una mina de carbón de Colombia se gana US$6 la hora versus los US$22 que se ganaría en EE.UU. (calculen la diferencia de pagos en el oficio de chofer de colectivo…), han generado mucho malestar entre los ejecutivos de la minería y los hidrocarburos. En las palabras de un alto ejecutivo del sector con quien comí en Bogotá hace unos días, “Alberto, en este país yo me volví el malo, el que paga mal aún así el que menos se gana en mi compañía se gane 2,5 millones al mes, el que poluciona la naturaleza, el que se aprovecha de los pobres.” La queja del ejecutivo también involucra a la prensa, la cual, por ejemplo, reproduce el derrame de carbón de la Drummond, pero que no reproduce cuanto pagan en impuestos y regalías las diferentes multinacionales del sector.
La crítica también alcanza al gobierno, no porque la administración Santos esté en contra de la minería, pues me consta que no lo está, sino por la falta de apoyo vocal que recibe el sector ante el incesante ataque de la oposición política y de la prensa al emprendimiento externo en la minería y los hidrocarburos. El silencio del gobierno es entendible, pues cuando la popularidad cae, ningún gobierno quiere quemar cartuchos defendiendo a mineros y petroleros. Pero ese silencio tiene costos: menos inversión.
