Según el Dane, a corte de 31 de agosto, el desempleo llegó a 16,8%, cifra que todos sabemos es mucho más alta, pues ese indicador no tiene en cuenta a quienes viven en la informalidad. La pregunta que muchos se formulan en este momento gira alrededor de qué vamos a poner a hacer a las personas que, por cuenta de la depresión económica, han perdido su trabajo.

En mi columna de la semana pasada, planteaba la necesidad de apuntarle a una rebaja dramática de las tasas de interés, como decisión impostergable para resucitar a las empresas que se vieron forzadas a cerrar o a disminuir su planta de trabajadores. Pero lo anterior no es suficiente. Colombia tiene todas las características para ser un puerto atractivo para la inversión de capitales, mediante las facilidades que ofrece, por ejemplo, la creación de nuevas zonas francas, para aumentar el número de maquilas, o para establecer mayores operadoras de servicios como call centers, que son empresas que de manera rápida generan empleos bien remunerados. Las alternativas abundan. Pero también las dificultades, debido a las trabas burocráticas y por el exceso de tributos que imponen la Nación y las entidades territoriales.

No podemos ganárnoslas todas. Hay que entender la gravedad de la crisis. Las cifras son extremadamente angustiantes. El pasado fin de semana se confirmó el desplome de las exportaciones, que cayeron en más de 21%, lo que equivale a una contracción de los ingresos por más de 2.570 millones de dólares. ¡Una catástrofe! Tarde o temprano, la economía mundial se reactivará, y con ello aumentará la demanda de bienes y servicios colombianos. Ahora, si queremos ser competitivos, debemos entender que los viejos métodos -que eran paquidérmicos y anticompetitivos- deben quedar atrás.

Es menester simplificar todos los procesos, facilitarles la vida a los empresarios, no perseguirlos ni agobiarlos con trámites macondianos que, en la práctica, son tierra fértil para la corrupción y, por ende, para espantar a las grandes corporaciones extranjeras que le huyen a las “repúblicas bananeras”, donde no hay estabilidad, garantías jurídicas ni buenas prácticas.

Es hora de jugársela a fondo por defender y estimular a la iniciativa privada, que es la fuente de la que debe emanar el grueso de las oportunidades laborales. El Estado no puede seguir siendo el mayor empleador, como efectivamente sucede en buena parte de nuestra geografía. El presupuesto nacional debe invertirse mayoritariamente en proyectos de inversión y no en el funcionamiento del monumental aparato burocrático.

Entiendo que debemos solucionar el problema inmediato de desempleo; pero eso no nos concede licencia para pasar de largo frente a una asignatura que tenemos pendiente y que tiene que ver con la educación superior, tema sobre el que me referiré en otra columna. Pero planteo desde ya el debate: tenemos que hacer una actualización de los programas técnicos y profesionales que se ofrecen en las universidades y centros de educación tecnológicos, pues muchos de nuestros jóvenes están siendo formados bajo estándares del siglo pasado, para salir a buscar oportunidades en un mercado laboral que demanda mano de obra capacitada con los parámetros del siglo XXI.