La seguridad digital es un tema compartido

La intensión de entrar al club de las 40 economías desarrolladas del mundo (Ocde) y poder compartir sus protocolos y exigencias en diferentes frentes económicos, ha logrado que Colombia en menos de tres años sea líder en varias prácticas de país del primer mundo. Algunas de ellas tienen que ver con la necesidad de proteger al consumidor y la exigencia de garantizarles a las empresas un marco de libre competencia, ambas cosas lideradas desde las superintendencias encargadas de vigilar y controlar nuestros mercados.

Y no solo en materia de regulación de la competencia avanzamos, también lo hacemos en la educación, con las pruebas Pisa (solo para citar dos ejemplos). Pero desde siempre, todo lo que tiene que ver con la seguridad digital en el país, era una suerte de arameo que nadie comprendía y estaba colonizado por ingenieros especializados en la defensa del ciberespacio, dejando de lado los verdaderos afectados que son los consumidores de las nuevas tecnologías y usuarios de las telecomunicaciones. Ese era un tema esquivo que curiosamente es transversal para toda la economía, no solo desde la oferta de productos y servicios tecnológicos, sino desde la demanda.

Por todo lo anterior es loable el papel que ha venido desempeñando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien ha liderado un documento Conpes en el cual se dicta una necesaria política de seguridad digital que ayude a formatear un amplio terreno inexplorado.

Es un hecho que el país atraviesa por una creciente utilización del entorno digital que carecía de seguridad y que era objeto de miles de ataques por expertos locales e internacionales que veían en la baja protección y preparación de este sector una oportunidad para desarrollar actividades criminales. En pocas palabras el país estaba expuesto, a merced de ataques que bien pudieron ser desastrosos. Ahora, a partir de políticas públicas concretas que llenan ese vacío, el país tecnológico puede contrarrestar el incremento de amenazas cibernéticas bajo los objetivos de defensa del país; lucha contra el cibercrimen, y una alta dosis de responsabilidades compartidas. Hoy Colombia cuenta con una política nacional de seguridad digital, pero con un componente de colaboración y responsabilidad, que va desde lo particular a lo general. No se le puede dejar al Estado toda la responsabilidad de protección cuando el individuo consumidor debe ser el primer interesado a obrar en un marco de plena responsabilidad de sus actos.

Es tan sencillo como ser sensible a la cultura de manejar adecuadamente las contraseñas; hablar con los más jóvenes sobre los peligros que acechan en las redes sociales o elaborar protocolos empresariales de manejo de información financiera. El país ha entrado en otra etapa de desarrollo en la que debe prevalecer la seguridad, pero ante todo la responsabilidad compartida.