La “venezuelanización” del agro

A casi un año exacto de las elecciones presidenciales y en medio de un acalorado panorama político que le resta liderazgo a la actual administración Santos, aparece una Ley de Tierras para su socialización, que nos recuerda la reforma agraria de Venezuela de hace menos de dos décadas y que hoy es una de las responsables del caos del vecino país.

El gran problema es que los ministros y demás funcionarios encargados del asunto, sostienen que la negociación en La Habana -del llamado Capítulo de Tierras- se funda en leyes preexistentes y en normas constitucionales vigentes, comentario que intenta hacer pasar desapercibido el Artículo 4 en el numeral 1 del proyecto con que el Gobierno Nacional busca hacer una reforma rural a gran escala, en el cual reza que el bienestar colectivo prima sobre el bienestar particular (un fundamento del derecho universal), legitimando la aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra. 

Esta posición tiene como objetivo derogar o vulnerar el Artículo 58 de la Constitución que protege la propiedad privada. Con toda esta trama se cae en otra gran traición, pues el Gobierno y los negociadores en La Habana repitieron muchas veces que el modelo económico no se estaba negociando solo entre algunos funcionarios de esta administración nacional y el secretariado de las Farc. Si este proyecto se convierte en ley se pondrá al descubierto que hay un cambio radical en las reglas de juego para los empresarios e inversionistas, pues la seguridad jurídica de la tenencia de tierras se tirará por la borda e impactará la estructura legal de los productores agrarios. 

La desconfianza y la inseguridad en las inversiones en el campo vuelven a aparecer en la agenda legislativa auspiciadas por el Gobierno que defiende un modelo político oportunista, llamado de posconflicto, en detrimento del modelo económico que hasta ahora nos ha diferenciado y distanciado de la catástrofe venezolana. El proyecto de una reforma rural silenciosa y en función de los acuerdos de La Habana, debe ser seriamente analizado en profundidad con todas sus consecuencias; solo si se mira de esa manera se encenderán las alarmas en las dimensiones económicas, sociales y políticas. 

El Gobierno con todos sus ministros tienen un gran problema y es que no están escuchando ni viendo las tendencias de la opinión pública y en particular el estado de la economía y de las inversiones; llevar proyectos de ley de este tipo como la Ley de Tierras y el de revivir las horas extras, entre otros, son golpes para los empresarios de todos los sectores, quienes al final son los únicos que están generando empleos formales de larga duración, pagan cada vez más impuestos y hacen presencia en todos los rincones, transformado las sociedades locales, regionales y nacionales por medio de su institucionalidad.