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De acuerdo con los expertos que conforman el grupo, este cobro produce una serie de distorsiones que son particularmente perjudiciales en períodos como el actual de, desaceleración en el crecimiento económico.
Específicamente en el caso de las empresas, la Comisión advierte que esta carga “genera un desincentivo adicional considerable para la inversión y puede estimular fugas de capital hacia el exterior con el fin de evadirlo”.
De hecho, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), en la actualidad 95% del recaudo de este impuesto es pagado por las empresas y solo 5% por un bajo número de personas naturales. El año pasado le ingresaron al fisco por esta vía $5,38 billones.
La situación se complica para los inversionistas si se tiene en cuenta que a esta carga se suman las derivadas de la alta tarifa del impuesto de renta, la sobretasa del Cree (impuesto sobre la renta para la equidad) y la imposición del IVA sobre los bienes de capital.
Es por ello que la Comisión resaltó el hecho de que en el resto del mundo la tendencia es a disminuir estos cobros, contrario a lo que viene pasando en el país, “lo cual reduce la capacidad competitiva del aparato productivo colombiano”.
Así mismo, cuestionan la desigualdad en el tratamiento entre sectores económicos y empresas debido a los múltiples beneficios y a la alta evasión. “Se tienen tarifas efectivas muy dispersas sin ningún sustento técnico, lo que crea condiciones de competencia desleal”. También señalan que el impuesto es altamente complejo.
El abogado magister en Tributación y política fiscal Mauricio Ochoa, socio en Ochoa Correa & Asociados, aseguró que para empezar el impuesto jamás debió existir: “como lo dice la Comisión y se ha estipulado a nivel mundial este es un impuesto al ahorro, lo que se traduce en que castiga la inversión en vez de incentivarla”.
Sin embargo, explicó que es imposible eliminarlo porque las personas ya tienen la obligación de pagarlo. “Ya se causó y hasta 2018 cada año se hará cobrará. No lo van a devolver”, dijo. También manifestó que lo importante es que nunca más se implemente “ojalá quede estipulado mediante una norma tributaria porque es un impuesto de carácter regresivo”.
Cabe recordar que el impuesto al patrimonio fue aplicado hasta comienzos de la década de los 90 como uno complementario sobre las personas naturales. Sin embargo, se eliminó mediante el Decreto 1321 de 1989 y la Ley 6 de 1992. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez este cobro se restableció sobre patrimonios altos tanto de las empresas como de personas.
En 2014 se cambió su nombre por impuesto a la riqueza (Ley 1739) y se resolvió gravar con este a más de 32.000 empresas y 52.000 personas que reportaron tener $1.000 millones en patrimonio bruto.
La opinión
Mauricio Ochoa
Socio en Ochoa Correa & Asociados
“Este impuesto jamás debió existir. Actualmente es imposible eliminarlo, pero lo importante es que nunca más se implemente porque es regresivo”.
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