El procurador es un jugador económico importante

Casi siempre se ven los roles y las funciones del Procurador General de la Nación como actividades puramente políticas alejadas de los retos que impone la economía, sentencia que tiene matices de verdad y falsedad. Si nos atenemos al artículo 275 de la Constitución Política que enuncia que él es el  director del Ministerio Público, y que es un organismo del Estado que incluye a personerías de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia, vemos con claridad que no solo está cargado de una gran burocracia, sino que es neurálgico para la economía por las actividades que entraña.

Los procuradores tienen la responsabilidad de hacer que los funcionarios públicos -incluyendo a los que fueron elegidos por votación popular- cumplan con la ley y no sean inferiores al reto que la democracia les ha impuesto. Es una entidad de control y vigilancia puramente sancionatoria y de advertencia previa a la que van a parar casi todas las denuncias e investigaciones sobre funcionarios que han cometido errores a los ojos de la ciudadanía.

Y es allí donde la Procuraduría cobra un gran papel en la dimensión económica, pues los actores del sector privado, quienes hacen empresa y generan empleos, deben contar con este tipo de instituciones para poder prestar bien sus servicios o producir mejor en un ambiente de libre competencia. Un funcionario mediocre o corrupto es un verdadero obstáculo para el libre mercado y para el desarrollo de los negocios y,  es en ese contexto, en donde los procuradores deben hacer funcionar las cosas en pro del progreso nacional. Del Ministerio Público depende la transparencia de las actuaciones oficiales de los funcionarios de orden local, regional y nacional. Si lo empresarios ven en la Procuraduría una institución seria, con prestigio y enfocada al progreso del país, y en hacer que los funcionarios no sean inferiores al reto que se les ha impuesto, el país económico tendrá un aliado en hacer empresa y generar bienestar.

El peor daño que le puede hacer la Procuraduría a la actividad empresarial es olvidar sus fundamentos constitucionales y convertirse en un trampolín para un cargo de elección popular como puede ser una alcaldía, gobernación o presidencial. Todos los que han usado el Ministerio Público para satisfacer sus ambiciones políticas han fracasado en su intento y de paso han dañado la reputación de una institución fundamental para garantizar el buen desempeño del país económico. Hoy comienza la gestión de un nuevo Procurador que logró casi unanimidad en su elección en el Congreso, un respaldo que lo desamarra de compromisos burocráticos y que lo obliga a concentrarse en desarrollar y crecer la dimensión del cargo en función de un Estado más competente, menos corrupto y con menos ambiciones individuales para avanzar en mejorar generales de todos los colombianos.