El gasto público social no va por buena ruta

Hasta hace unos años, la discusión sobre el manejo del Estado y su intervención en la economía se centraba en cuestionar la eficiencia del gasto público y en particular la participación del Gobierno como accionista en empresas y la poca rentabilidad del llamado gasto social. En el caso de las compañías, se dio una ola privatizadora que en algunas ocasiones fue exagerada porque algunas empresas estatales rentables terminaron entregándose a privados a muy bajo precio, y el manejo por parte de sus nuevos dueños no ha sido el mejor.

Pero en el gasto público social hay que reconocer que en una evaluación seria no resulta un balance favorable en su manejo, pues no se ha tenido una mejora sustancial en muchos de los indicadores que convalide la cantidad tan importante de recursos públicos que se ha  dirigido a las relevantes actividades que comprende el rubro, generalmente asociados a la atención de los sectores y regiones más vulnerables y pobres.

Sin duda, el país ha avanzado en salud y educación, al menos en la llamada cobertura; pero es fácil demostrar que ese progreso no es tan claro en calidad, al igual que ha ocurrido con los servicios de saneamiento básico, como agua potable y alcantarillado, disposición de residuos, programas de nutrición infantil y atención a la vejez y discapacitados. Las cifras de pobreza e indigencia han bajado en forma importante, pero todavía siguen siendo muy altas.

A diario hay evidencias de la situación: lo que pasa con los niños de Guajira, Arauca y Cauca, en materia de atención nutricional, el drama de los llamados habitantes de la calle en distintas ciudades, la pobreza en la que viven más de 13 millones de colombianos, la bajísima cobertura de agua potable en varias zonas del país, la desprotección social a los campesinos y el hacinamiento urbano, llevan a concluir que buena parte de los recursos públicos no están siendo bien asignados, más allá de las prácticas de corrupción y politiquería que imperan.

El caso de los recursos, que por regalías transfiere el Gobierno central a las regiones, deja mucho que desear en la eficiencia de su asignación, como lo advirtió la Contraloría General en un informe reciente, en el que condensa una gran cantidad de fallas. Por ejemplo, a diciembre de 2015, el número de proyectos aprobados llegaba a cerca de 10.000, por un valor de $20,3 billones. Alrededor de 6.600 son proyectos de menos de $1.000 millones, esto es, las dos terceras partes de las regalías se están destinando a proyectos de bajo impacto y no van a sectores claves como educación, salud y agua potable, y menos de 5% son proyectos que agrupan varios departamentos. Así, resulta claro que los limitados recursos públicos nunca serán suficientes por más reformas tributarias que se hagan o haya una bonanza como la que vivió el país en años anteriores con los precios internacionales de las materias primas.