El éxito de una reforma al agro depende del fortalecimiento institucional

Las negociaciones de paz en La Habana revivieron la discusión de una reforma agraria con el fin de impulsar un modelo de desarrollo rural equitativo.

En este escenario se abrió un nuevo debate que va más allá de las discrepancias que han acompañado por más de cuatro décadas los discursos de los voceros de las Farc con los gobiernos de turno, para darle paso a la socialización de puntos en común. Pero, ¿qué se necesita para que esta reforma no se convierta en un intento infructuoso, como ha sucedido desde el siglo XIX?

Según expertos consultados por LR, depende del fortalecimiento de la institucionalidad a nivel regional.

A juicio del experto en tierras y docente de la Universidad Nacional, Absalón Machado, la gran falla del Estado colombiano al momento de proponer una reforma agraria ha sido mantener instituciones débiles en las regiones con precaria capacidad de ejecución. “Yo sí creo que el país necesita repensar la institucionalidad que tiene para atender las necesidades del sector rural. Es claro que las instituciones que hay no tienen capacidad de ejecución, sin duda, hay que descentralizar la política agraria y esto implica crear nuevas entidades en las regiones con estrategias de distribución de la tierra y uso de suelo propias”, señaló el académico.

En ello coincide la decana de economía de la Universidad de Los Andes y PhD en Economía Agrícola, Ana María Ibáñez, al afirmar que “al Gobierno le corresponde fortalecer las instituciones encargadas de los temas rurales y de tierras que son muy débiles. Debe inyectarles recursos porque sino todo se quedará en buenas intenciones”.

El país ha sido testigo de 10 intentos de reformas al campo. La primera se trató de la Ley 200 de 1936, que se centró en la explotación económica de los predios de manera obligatoria, reconociendo el derecho de los trabajadores rurales al dominio de las tierras.

Sobresalió también la Ley 135 de 1961, la cual creó el Comité Nacional Agrario, que se fundamentó en la dotación de tierras a campesinos carentes de ellas, adecuación de tierras para incorporarlas a la producción. En este año se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), como establecimiento público encargado de la gestión en tierras.

Todas estas propuestas infructuosas ratifican que la tenencia y el uso de las tierras se convierte en la espina dorsal del conflicto armado, al que se le pretende poner punto final con las negociaciones de paz del Gobierno de Santos.

Lo cierto es que en encuestas de hogares en áreas rurales se encuentra que, de cada dos personas con acceso a tierras, una persona tiene propiedad informal, esto quiere decir que alrededor del 47% de los pobladores rurales tienen títulos de propiedad informal. A esto se le suma que el 50% de la población rural vive en extrema pobreza.