Colombia pierde 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, lo que son 1.100 por hora

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Colombia alcanzó en 2025 máximos históricos en exportaciones agropecuarias y agroindustriales, que crecieron 33,5% y llegaron a US$15.317 millones, y registró el mayor nivel de producción de leche de las últimas dos décadas. Sin embargo, estos avances conviven con brechas territoriales que dificultan que los alimentos se conserven, se transformen y lleguen de manera eficiente a quienes los necesitan. Estas condiciones hacen parte del análisis del estudio Gobernanza del Derecho a la Alimentación y Resiliencia Logística en Colombia, de Tetra Pak, realizado por Kreab Colombia.

El análisis identifica una paradoja central y es que una mayor capacidad de producción no se traduce automáticamente en un mayor acceso a los alimentos.

Las brechas de acceso son especialmente visibles en las zonas rurales. De hecho, según el Dane en 2025 la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó a 31,4% de los hogares en centros poblados y rural disperso, frente a 18,1% en las cabeceras municipales, una diferencia de 13,3 puntos porcentuales. A escala nacional, 22,8% de la población enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante ese año.

A estos desafíos se suman las pérdidas y el desperdicio de 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes a 34% de la oferta nacional disponible. Esto representa cerca de 26.700 toneladas diarias, más de 1.100 cada hora. Además, 63,8 % de estas pérdidas ocurre antes de la distribución y 6,1 millones de toneladas corresponden a frutas y verduras. Según la Encuesta Nacional Logística 2024, los costos logísticos equivalen a 15,6% de las ventas.

“La competitividad de un sistema alimentario no se mide únicamente por cuánto produce, sino por su capacidad para aprovechar esa producción y convertirla en alimentos disponibles para las personas. Esto exige mirar más allá del campo y entender cómo las decisiones sobre infraestructura, tecnología, procesamiento y logística impactan toda la cadena. Para Colombia, el desafío es conectar mejor las capacidades productivas de sus territorios con las necesidades del mercado, reducir las pérdidas y crear condiciones para que los alimentos lleguen de manera eficiente y segura. Esa mirada integral es clave para construir un sistema alimentario más resiliente, capaz de responder a los desafíos actuales y de generar valor para productores, empresas y consumidores”, señaló Marcela Velásquez, directora general de Tetra Pak Andina.

Frente a este escenario, se identifican oportunidades para fortalecer las capacidades regionales de procesamiento y conservación, mejorar la articulación entre productores y mercados institucionales y desarrollar modelos que permitan llevar experiencias exitosas a una mayor escala. En particular, la Ley 2046 de 2020, que establece que al menos 30% de las compras públicas de alimentos debe realizarse a pequeños productores locales, abre una oportunidad para conectar la producción rural con la transformación, la conservación y la logística, así como con los programas de alimentación institucional.

En este ámbito, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que atiende a cerca de 5,1 millones de estudiantes y tiene una meta de cobertura de 6,2 millones para 2026, representa una oportunidad para fortalecer esa conexión, al igual que las iniciativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Para que esta articulación se traduzca en resultados, es necesario contar con condiciones adecuadas de abastecimiento, calidad, procesamiento y distribución.

Para Consuelo Pardo, nutricionista y parte del equipo de Kreab que desarrolló el Estudio, “La seguridad alimentaria en Colombia no depende solamente de que exista producción suficiente, sino también de que los alimentos puedan conservarse, distribuirse y llegar de manera estable, segura y adecuada a las personas”.

La tecnología y la innovación también pueden contribuir a cerrar estas brechas mediante soluciones de procesamiento y conservación adaptadas a las condiciones de cada territorio. Su implementación requiere articular capacidades técnicas, financiación, conocimiento y coordinación institucional, así como identificar modelos que puedan ampliarse y replicarse en diferentes contextos.