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Dos de los mecanismos de financiación con mayor crecimiento durante el s. XXI, el private equity (PE) y el crédito privado (CP), cruzan una coyuntura con corrientes antagónicas. Actualmente, los fondos de PE acumulan inversiones por US$3,7 billones en 31.000 compañías. A su vez, los fondos de CP tienen un saldo de US$1,7 billones; el año pasado desembolsaron US$160.000 millones en créditos, en comparación con los US$125.000 millones de los bancos.
De una parte, los gestores de PE y CP han conseguido que se examine facilitar el acceso del gran público inversionista a estas categorías. El presidente Donald Trump extendió una orden ejecutiva para que los reguladores, los Departamentos del Trabajo y del Tesoro, y la Securities and Exchange Commission, actualicen la regulación para que, por ejemplo, las cuentas individuales de pensiones -incluidos los programas 401(k), que suman US$14,2 billones- accedan a las inversiones “privadas” (no registradas en los mercados públicos de valores).
Se argumenta que las compañías inscritas en bolsa en Estados Unidos, que en 1997 eran casi 7.000, hoy son apenas 2.700, lo que reduce las oportunidades para los pequeños inversionistas, quienes antes podían beneficiarse de las salidas a bolsa de compañías novedosas. Amazon, como arquetipo, tuvo su oferta pública en 1997: una inversión de US$1.000 en ese entonces valdría hoy más de US$3 millones. En cambio, las grandes utilidades de los negocios revolucionarios del presente, como OpenAI y SpaceX, entre otras, se están quedando en la esfera de los inversionistas “privados”. Adicionalmente, más de 90% de las compañías en EE.UU. con ingresos superiores a US$100 millones no están en bolsa.
De otra parte, los fondos de PE norteamericanos vienen registrando retornos muy bajos. Entre 2022 y 2025 tuvieron una rentabilidad promedio de 5,8% anual, mientras el S&P 500 registró 11,6%. Los gestores de PE lograron captar recursos en 2025 apenas inferiores a la mitad de lo captado en 2023. A su vez, los fondos de CP enfrentan problemas crecientes. Las quiebras notorias de grandes deudores, como First Brands y Tricolor, llevaron a que un número creciente de inversionistas buscara liquidar sus posiciones -más de US$20.000 millones-, y varios gestores se vieron obligados a limitar las salidas de sus fondos: primero Blue Owl, y luego Apollo Global Management, Ares Management, BlackRock, Cliffwater y KKR.
Para rematar, la semana pasada colapsó el fondo británico Mortgage Financial Services, concentrado en préstamos hipotecarios, lo que generó pérdidas por US$400 millones a Hsbc.
Los gestores de PE y CP están, por lo tanto, de un lado, al borde de acceder a cuantiosos recursos adicionales si se permite al gran público invertir en ellos. De otro lado, se encuentran perdiendo caudales ante los bajos resultados en PE y los impagos de crédito en CP. El camino probable será reducir la brecha regulatoria entre los mercados “público” y “privado”, exigiendo a los gestores de PE y CP mayor revelación de información, estándares claros de valoración de sus posiciones y restricciones estrictas frente a los conflictos de interés.
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