Mientras que los niveles de endeudamiento público de otros países del mundo se pasean peligrosamente por el filo de la insostenibilidad fiscal, Colombia ha logrado anotar, en lo corrido de la administración Santos, dos grandes goles en materia de finanzas públicas. El primero y más importante es, sin duda alguna, la regla fiscal. Mediante este mecanismo, el gobierno se autoinflinge una camisa de fuerza que le impide desvíos discrecionales sobre los objetivos presupuestales de mediano plazo, evitando que las finanzas públicas se descarrilen al compás del ciclo político. El segundo, aprobado la semana pasada por el Congreso de la República, es la llamada Ley de Incidente de Impacto Fiscal, que armoniza la protección de los derechos fundamentales individuales con el bien público que implica la salud fiscal del país.
En Santa Marta, un estudio reciente de humor social encontró una ciudadanía atravesada por cansancio, expectativa herida e indecisión: 42,6% no menciona espontáneamente un nombre presidencial
