jueves, 5 de marzo de 2020

EditorialLR


El escenario económico para el país es muy simple: con fracking o sin fracking. Y no solo se trata del autoabastecimiento básico de gas y todos los derivados del petróleo, sino de las rentas que estas extracciones le representan a las arcas estatales. Una buena parte del país social y económico no puede seguir jugándole a oponerse a la explotación de los yacimientos no convencionales como consecuencia de la diplomacia global anti-fracking desarrollada por intereses extranjeros ajenos a este continente, a quienes no les interesa que países como Colombia, México, Ecuador o el mismo Estados Unidos sean altamente productores de petróleo y gas y no tengan que depender del cartel de precios del crudo de la Opep o de Rusia.

Por fortuna, el poder judicial en cabeza de las altas cortes, además de un ejecutivo enfocado en el bien general del país y de un legislativo muy activo en este debate, han dotado de todas las herramientas para que el fracking sea usado para extraer energéticos que le permitan al país ser autosuficiente y gozar de las necesarias rentas para hacer inversión social.

El Ministerio de Minas y Energía ha socializado la situación ante la academia, los expertos y las entidades públicas, ahora quedan por delante los trámites ambientales, técnicos y sociales, con el objetivo de sacar adelante los llamados pilotos de fracking que le permitirán al país avanzar en esta tecnología que ha demostrado eficacia y competitividad.

La pelota está en la cancha del Ministerio de Ambiente quien fijará los términos de referencia para se puedan expedir las licencias ambientales y cerrar discusiones en este tema. Hay que tener en cuenta que los pilotos permitirán conocer y evaluar los impactos ambientales y sociales de la tecnología, pero sobre todo prevenir, mitigar y compensar los diferentes riesgos para las comunidades.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda en un horizonte de 30 años, los yacimientos no convencionales le aportarían $324 billones al país y las reservas de petróleo sumarían 24 años más, pues se incorporarán hasta 7.500 millones barriles. En términos de gas, la situación es mucho mejor dado que el país solo tiene reservas para un par de años y la exploración está dependiendo de estos pilotos para garantizar que esta energía de transición se mantenga para las próximas décadas.

Es un hecho que poco a poco la utilización de estor recursos fósiles va a caer en los mercados, tal como está sucediendo en varios países desarrollados, pero mientras tanto el país deberá extraerlo y evitar dejar pasar esta oportunidad de extracción que no va a regresar. El problema es que otros países le juegan a impedir que aquí se haga ese tipo de explotación que a la final seamos importadores de productos que están en el subsuelo. Colombia no tendría el dinero suficiente para comprar el petróleo necesario para el consumo interno, tal como sucedió en los años 80 y mucho menos para importar gas de países vecinos.

Sin duda el futuro es de las energías renovables frente a lo cual hay verdadera preparación por la industria energética colombiana, pero mientras llegan esas disrupciones en el mercado, hay que extraer unos recursos que pierden valor con el paso de los años, al tiempo que las necesidades de inversión social demandan mucho dinero.

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