Ventana abierta a la inseguridad jurídica

No hay que arreglar lo que no se ha dañado y eso es lo que pasa con el sistema nacional de concesiones, esquema al que se le debe el desarrollo vial, la modernización aeroportuaria y la competitividad de la economía en términos de infraestructura.

Es válido que hay que revisar los modelos obsoletos que no se compadecen con la actualidad económica o los flujos de vehículos o pasajeros, pero usar un diálogo aparentemente constructivo para presionar una suerte de “expropiación blanda de concesiones”, sería un error histórico que condenaría las nuevas generaciones a la pobreza y el subdesarrollo.

No todos los concesionarios pueden meterse en el mismo lugar, hay unos muy eficientes y otros no tanto, pero generalización con una revisión sin cuartel del sistema sería destruir lo que no se ha dañado.

El Ministerio de Transporte, en cabeza de William Camargo, ha abierto una ventana muy preocupante que puede generar una estampida de inversionistas locales y extranjeros, y lo que es peor, que los actuales concesionarios dejen tiradas sus obras de mantenimiento.

Hay incoherencia en lo que dice y hace el Gobierno Nacional, por un lado, habla de un millonario plan de inversiones por más de $140 billones en lo que resta de la administración, y por otro lado debilita el formato de concesiones con la inseguridad jurídica, cambios de reglas de juego y otros lunares.

Es coherente el Gobierno cuando se le mete de frente al tema de las vías terciarias que son las eternas descuidadas, olvido que causa mucha inseguridad e incompetencia de la Colombia profunda; la idea de fundar un Instituto de Vías Terciarias es revivir Caminos Vecinales que otrora fue sepultado por estar capturado por la corrupción, puede funcionar ahora que existe más control.

Allí el Gobierno a través del MinTransporte es muy acertado en esta política pública, pero yerra gravemente en destapar una auténtica caja de Pandora al hablar de revisar el sistema de concesiones, independientemente de lo pactado y su eficiencia. Ningún inversionista local ni extranjero se animaría a hacer negocios en Colombia si a la ya consabida inseguridad tributaria y mal orden público, ahora se suma la inseguridad jurídica.

El Gobierno Nacional no puede aprovechar estos dos años largos que le quedan al frente de la Casa de Nariño para tratar de arreglar algo que no se ha dañado, tal como lo ha planteado con la salud; ahora son las concesiones.

El Estado colombiano es incapaz de hacer grandes obras de infraestructura, ni siquiera ha podido ejecutar presupuestos básicos para que ahora quieran administrar los aeropuertos, las carreteras y los puertos.

Sería un error enorme involucionar un modelo de construcción público privado que está dando resultados en todo el mundo, hasta en China las grandes obras se hacen de manera conjunta a través de concesiones.

Colombia no es un Estado totalitario en donde el sector productivo ha sido incapaz de hacer grandes obras para que se revise el modelo, aunque haya hecho agua o entrado en una crisis sistémica. Es una manera sutil de tratar de estatizar cosas que funcionan con el aporte privado, y obvio, generar riqueza y empleo para todos.

Es un peligroso camino del que solo ha hablado MinTransporte, por ahora, pero que ha desatado muchas suspicacias entre los analistas políticos y económicos.