Un presupuesto histórico de más de $350 billones

Las viejas lecciones de análisis económico dictan que lo mejor para explicar montos de dinero difíciles de comprender, no hay un camino distinto, es hacer comparaciones; a ese ejercicio también se le llama “matemáticas de periodistas”. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación propuesto por el Ministerio de Hacienda para la vigencia fiscal de 2022.

El valor aprobado fue de $350,4 billones, un aumento de 3,8% al compararlo con el de este año. Obviamente, sacando la cifra destinada al servicio de la deuda de $78 billones. A grandes rasgos, $62,2 billones van a la inversión y $210,1 billones al funcionamiento. Si el monto de $350 billones se lleva a dólares (a una tasa de cambio de $3.800) daría unos US$92.000 millones, y si se le busca una comparación (por ejemplo), esa cifra es casi equivalente a la riqueza del onceavo hombre más rico del mundo, Francoise Bettencourt Meyers, según los listados de Bloomberg. Otra arista comparativa puede ser que esos US$92.000 millones son casi todo el PIB de países como Ecuador.

Dichas comparaciones son odiosas y técnicamente refutables, pero logran el objetivo de alertar sobre el monto, que dicho sea de paso no es un asunto menor. El Gobierno Nacional tiene un gigante cheque que debe estirar para llegar a la deseada inversión social, disminuir la precariedad de la sociedad, tratar de sacar a más de 21 millones de la pobreza y, lo que no es menor, cumplir con las deuda contraídas.

El imperativo debe ser generar conciencia de que es un dinero muy escaso fruto de los impuestos y de los ingresos del Estado provenientes de inversiones o dividendos, que debe mantenerse alejado de malas decisiones de inversión, de las garras de la corrupción y que debe aflorar el ahorro estatal. Es un gran monto que puede hacerse rendir si los planeadores del gasto público, quienes diseñan las políticas públicas y los ejecutores son muy responsables con la plata de todos colombianos.

Es una tarea fácil discriminar peso a peso para dónde se dirige cada uno de los $350 billones, lo complicado está en hacerle seguimiento a la ejecución y el cumplimiento. Por ejemplo: el proyecto distribuyó el monto en tres ejes; $210,1 billones para el funcionamiento del Estado, $78 billones al servicio de la deuda y $62,2 billones a inversión. Con el pago de la deuda no hay mucho qué hacer, pero sí con la eficiencia de la inversión y el ahorro en el funcionamiento. Aún hay cultura de derroche con el erario público porque estas discusiones casi siempre se han hecho a destiempo y en la oscuridad. Hay mucho dinero ordenado para los sectores de la educación y la defensa, $49,3 billones y $41,9 billones, respectivamente.

Pero la pregunta es ¿qué tanto control se le hace a ese dinero, a su efectividad, a sus resultados? Es aquí en donde las entidades de control y vigilancia entran a jugar, dado que hablar de billones dirigidos a sectores muy heterogéneos es un enunciado muy amplio, máxime aún cuando no hay evaluación ni control probados; si los hubiera, hace rato se habría disminuido la pobreza, el país sería mejor educado y el fenómeno creciente de la inseguridad no sería un tema que atormenta a los colombianos. La sociedad debe avanzar en la sensibilización de los presupuestos nacionales.