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Los empleados públicos deben ser conscientes de que no son eternos en los cargos y que sólo harán historia si son funcionarios bien intencionados.
Al presidente, Juan Manuel Santos, le quedan dos años largos de gobierno; 28 meses para ser exactos. Tiempo suficiente para concluir una buena cantidad de proyectos que se había propuesto, pero lo más importante es que debe dejar bien sentadas las bases de los años dorados del posconflicto que se avecinan. Cuesta no creer que la guerra de las guerrillas, que ha desangrado a Colombia en más de medio siglo, ha entrado en su epílogo y que tanto las Farc como el ELN están en camino de reconciliación con la sociedad civil, además es la única ruta que les queda para asegurar que sus escasos buenos propósitos tengan un espacio en los debates públicos de mejoramiento como país. No sobra decir que la guerra de guerrillas impregnada de narcotráfico y terrorismo, no tiene espacio en ningún país del mundo occidental y mucho menos en las naciones líderes en un continente que camina con paso firme hacia el desarrollo económico a través de una lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Ya pasamos los años de los albores del nuevo siglo XXI, pasando de un cambio de época a una época de cambios. Nos adentramos en lo profundo de la segunda década del nuevo milenio, en donde no hay lugar para otra cosa que no sea la búsqueda del bienestar de las personas. Colombia no es la excepción y eso lo deben entender las personas que rodean al Presidente en esta última etapa de su administración. Los retos son enormes: lograr afectivamente un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc; abrir un espacio de diálogo con el ELN, ambas tareas que deben ser eficientes para no caer en tiempos electorales en los que los actores armados vuelvan a inclinar la intención de los electores. Sería un grave retroceso si los acuerdos de La Habana no se concretan antes de las elecciones y los avances que se han logrado sean manoseados por los candidatos a la Casa de Nariño.
El gabinete para los dos años largos de gobierno que aún restan, debe ser consciente de las reformas urgentes que se requieren en el campo económico: la tributaria estructural, la pensional y la de la salud. Eso sin poner como prioritario el ingreso pleno de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ese club de buenas prácticas que mucho nos puede nivelar en asuntos clave como la educación, los gobiernos corporativos, el bienestar social y esos temas pendientes que conciernen al Estado mínimo. Hay muchos intereses, especialmente políticos, que se atraviesan en esa hoja de ruta o camino, y es allí en donde los ministros de este último cuarto de tiempo deben jugársela con la mayor dignidad y de cara a las necesidades del país. No es fácil y tal vez ocurra que varios de los funcionarios de la actual administración empiecen a tomar el camino que sus jefes políticos les señalen para asegurar funciones en el periodo 2018 hasta 2022, pero esos intereses son los que hay que deponer por el bien social del país.
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Para 2025, el presupuesto del país debe estar por encima de los $560 billones, uno de los más altos de la historia reciente, el lío ahora son las fuentes de financiación del Gobierno
