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EDITORIAL Un Congreso que no ayuda a mejorar su popularidad
jueves, 16 de junio de 2016
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Hace varios años que un senador dijo “cambiamos o nos cambian”, pero de eso a la fecha no ha sucedido nada en el Congreso, las fallas siguen iguales.

La última perla de los congresistas colombianos fue que por falta de trámite se cayera en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley de origen parlamentario que buscaba castigarlos por no asistir a las sesiones. Lo curioso del asunto -una bofetada para sus electores- es que la idea haya naufragado por falta de quórum, debido a la misma inasistencia a la sesión. El asunto es que no parecen ser conscientes de la baja popularidad de la que gozan en todas las encuestas de opinión pública y la mala reputación que en nuestra país es ser senador o representante, sinónimos de poco trabajo, corrupción, politiquería, baja preparación, etc.

Mucho habían hecho algunos congresistas en los últimos meses por limpiar la imagen de un Congreso lleno de políticos con vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico o las bandas criminales, para que ahora borren con el codo este trabajo en el que venía avanzando. La poca asistencia a sus debates es un flagelo que debe denunciarse ampliamente para que los electores sean conscientes del poco compromiso. Cifras del portal Rama Ciudadana, dadas a conocer por varios periódicos y otros medios de comunicación, hablan de que “solo 14 de los 100 senadores posesionados tuvieron una asistencia inferior a 90% de las sesiones. Los senadores con menor asistencia a plenarias fueron Roberto Gerlein (Partido Conservador, 73%), Arturo Char (Cambio Radical, 78%) y Luis Fernando Duque (Partido Liberal, 79%). En la Cámara, los congresistas con las cifras más bajas de asistencia fueron Karen Cure (Cambio Radical, 53%), Tatiana Cabello (Centro Democrático, 68%) y Ana Paola Agudelo (Mira, 69%). Lo peor es que solo 34 de los 158 representantes han asistido a menos de 90% de las sesiones”. La denuncia de este portal, y que sirve de elemento de análisis, es lacónica.

La iniciativa buscaba sancionar con un salario mínimo mensual legal vigente cada ausencia injustificada que presente un congresista, pero todo se frustró por la falta de conciencia de lo que el país espera de los senadores y representantes. La peor sanción para un mal congresista es una cuenta de cobro a su reputación como vocero de sus electores; el castigo en las elecciones es una necesidad, pero solo se logrará si existe un electorado maduro que haga respetar su voto. Hay que apurar la pérdida de investidura por inasistencia; no se puede mantener un salario a una persona que no trabaja y que de paso se burla del país.

No todos los congresistas son unos parásitos de un sistema capturado por la corrupción, y esos pocos muy buenos, deben separarse del resto, hablar claramente e incluso distanciarse de sus partidos para evitar la chocante generalización de calificativos. Pocas instituciones de alto valor para el país tiene tan baja favorabilidad y buena imagen como el Congreso de la República y errores como esa ausencia pesan en su oscura historia.

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