Transparencia, el antídoto contra la corrupción

La encuesta de Invamer, conocida internacionalmente como el Gallup Poll, que se viene realizando ininterrumpidamente desde 1994, dio a conocer esta semana que la mayoría de los colombianos -al menos los habitantes encuestados en las cinco principales capitales- consideran que la corrupción es el principal problema que los aqueja, por encima de situaciones dramáticas como el poder adquisitivo y el orden público que ha desangrado al país por seis décadas. Partamos de que es la primera vez que el flagelo de la corrupción se ubica como lío número uno para los colombianos en casi dos décadas de registro del estudio; segundo, que el trasegar de la guerra interna no dejaba ver cómo los corruptos públicos y privados se apropiaban de los dineros públicos, y tercero, que somos débiles al identificar focos de corrupción, pues tuvo que ser la justicia estadounidense la que destapara las coimas pagadas por Odebrecht para ganar licitaciones en toda Iberoamérica. Cualquiera que sea el ángulo por donde se haga el análisis, siempre se llegará a que hay una entronque entre empresarios privados de gran éxito y funcionarios deshonestos que se ponen de acuerdo para sacar a los competidores del mercado. Hasta ahora, ni la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría, ni mucho menos las superintendencias, han identificado otros Odebrecht “made in Colombia” que pululan en la contratación pública a lo largo y ancho del país. Creemos que es muy bueno que se haya destapado el gran problema de la corrupción y que las autoridades estén encima de este flagelo, pero ahora hay que alentar a las instituciones para que caigan con todo el peso de la ley en los funcionarios y en las empresas privadas incursas en asuntos de corrupción. Hay que cortar por lo sano, quitar un pedazo de buenas intenciones para solucionar la parte dañada, nos referimos a esos funcionarios ingenuos, bien intencionados que son inferiores a los roles y funciones que les imponen sus cargos y no se dieron cuenta de que se estaban robando los recursos públicos. Colombia debe lanzar una verdadera cruzada por la transparencia en todas las actuaciones; si todas las acciones de las personas naturales y jurídicas están regidas por la virtud de la transparencia, y regidas por oficinas de control y vigilancia eficientes y respetadas, la forma de hacer negocios en el país cambiarán radicalmente. La Procuraduría propuso muerte empresarial de los privados que se les comprueben delitos de corrupción o que se hallen inmersos en problemas de sobornos. Esa iniciativa solo es una parte del castigo, pero hay que avanzar en generar una nueva cultura de hacer negocios que evolucione para no seguir conviviendo en el Estado Capturado bajo las tesis identificadas hace varios años por el investigador social, Luis Jorge Garay. La trama de Odebrecht debe saberse tratar en Colombia para sentar nuevos paradigmas y para que todos los colombianos estén atentos a denunciar actos oscuros en busca del dinero público.