“Restablecer el respeto por las empresas”

Un país que no protege la actividad empresarial, simplemente está condenado a la pobreza y al subdesarrollo, pues ningún gobierno es capaz de mantener a la población con base en subsidios puros y duros; máxime si es un país lleno de gente con necesidades básicas insatisfechas.

Es un hecho que las ayudas estatales se derivan casi en su totalidad de los impuestos y que la actividad empresarial es la mayor fuente de contribución y generación de trabajo formal. Debe haber un principio generalizado en las economías emergentes y es defender la actividad empresarial, al sector productivo y garantizar reglas claras para que más colombianos encuentren un empleo formal, paguen impuestos y que con su actividad empresarial investiguen, aporten y desarrollen la innovación y la investigación.

Por eso defender la actividad empresarial y a las empresas de todos los sectores es más que un deber de las instituciones vivas. En países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros pocos, no solo exprimieron las empresas, desincentivaron la actividad emprenderora privada y las expropiaron; el resultado elocuente es que ahora son países no viables, estados fallidos, llenos de pobreza, de personas agobiadas que solo buscan la manera de irse a otros lugares para poder vivir con dignidad.

Fue oportuno el mensaje de los importantes gremios de la producción la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, mediante el cual le reclaman a la institucionalidad, representada en la gestión de los mandatarios locales y regionales, además de otros funcionarios públicos, sobre el caso Hidroituango. Reclamaron que se “restablezcan las condiciones de respeto” para con las empresas y las personas involucradas.

El gran problema que develan los gremios es que se arremeta sin pruebas en contra de empresas y empresarios como responsables de una crisis que tiene muchas explicaciones, y que de paso, todo se convierta en una dañina cacería de brujas contra el sector productivo. En su pronunciamiento conjunto titulado “No se trata solo de Medellín”, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, señalan particularmente a los mandatarios y funcionarios públicos involucrados por “adelantar estrategias mediáticas de desinformación, manipulación y daño a personas y organizaciones (...) Ningún grupo de la sociedad puede ser considerado por parte del mandatario como su enemigo (...) Ningún ciudadano, menos aun los funcionarios públicos pueden atacar la reputación de otros de forma infundada”.

Para Mac Master y Caicedo, “es responsabilidad de las autoridades civiles representadas en el ejecutivo, orientar el destino de la comunidad buscando construir soluciones, motivado por el beneficio general, dentro de la estructura institucional, de legalidad, justicia y transparencia que indica nuestra Constitución”. No quiere decir que las autoridades no actúen o sean condescendientes en sus investigaciones; nunca deben dejar de cumplir su papel constitucional, el problema es que todo se convierta o sea utilizado como una cacería de brujas y se afecte a todo el país.

Hay que restablecer el respeto por las empresas y los empresarios y no hacerles juego a quienes quieren cambiar el modelo económico del país para instalar regímenes totalitarios en los que sean ellos quienes manejen todo sector económico a su antojo.