Contra todo pronóstico y racionalidad económica, el Gobierno Nacional radicó la ponencia para el primer debate de la Ley de Financiamiento, su segunda tributaria durante la presente administración, que busca recursos por $12 billones.
Los más amigos de la polémica iniciativa son los mismos congresistas que buscan más relevancia, protagonismo, burocracia y tramitar contratos en un año electoral como el que se avecina. Conscientes de ese apetito, las carteras del Interior y de Hacienda, contra todo pronóstico y sindéresis económica, quieren sacar a la fuerza una lesiva iniciativa enfocada contra los mismos de siempre, las empresas y los empleados formales.
Es el segundo intento de aprobar una tributaria a la carrera; han cambiado cosas radicales, pero nunca nadie sabe a ciencia cierta qué saldrá de un Congreso que ha sacado una reforma pensional, un rediseño al Sistema General de Participaciones y que mantiene vivas las ideas del Gobierno de reformar la salud y el régimen laboral.
Todo puede suceder, máxime cuando en el Congreso manda el lobby de fuerzas poderosas que patrocinan campañas al Senado y la Cámara. El think tank financiero, Anif, ha puesto el dedo en la llaga: la nueva tributaria no contempla el impuesto para los juegos de suerte y azar en línea, por $2 billones, que era lo más innovador de la abortada primera iniciativa. Las apuestas ya no están en esta Ley de Financiamiento, que carece de un recaudo estimado segmentado, y que incluye el polémico dividendo presuntivo.
Es muy curioso que esta tributaria exprés no detalla en su exposición de motivos de dónde van a venir los ingresos esperados. Es un trabajo de afán que va a ser muy mal recibido por las firmas calificadoras de riesgo y la banca multilateral. Se habla de $9,8 billones, pero no se dice claramente de dónde salen; lo que deja abierta la posibilidad, siempre real, de que del Congreso salga un verdadero árbol de Navidad.
Lo peor que le puede pasar a la economía es que salga una tributaria cualitativa, más no cuantitativa y signada por el lobby que no considere el momento del crecimiento económico. Es muy extraño que el Gobierno omita el impuesto propuesto a los juegos de azar y las apuestas en línea. Recientemente, se conoció gracias al informe de Corficolombiana que dice que desde la pandemia, este sector ha crecido 87% entre el cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2024.
Un sorprendente avance siete veces mayor al crecimiento acumulado del PIB, que fue de 12% en el mismo periodo. Es un hecho real para la economía colombiana que el entretenimiento, impulsado por las apuestas deportivas en línea, es uno de los sectores que impulsa el crecimiento, así se demostró en el último tercer trimestre. Las actividades artísticas crecieron 14,1%, con los juegos de azar en línea a la cabeza. Según cifras de Coljuegos, las ventas del sector durante el primer semestre superan los $10 billones y los juegos en línea han crecido más de 20%.
Lo normal, si el Ministerio de Hacienda y la Dian tuviesen sindéresis económica, a la hora de proponer nuevos impuestos a nuevos jugadores, sería mirar actividades novísimas que no tributan como los demás. Está muy mal para la confianza inversionista que el grueso de los casi $300 billones anuales en impuestos los paguen siempre los empleados formales y las empresas. Nuevamente, cero control a la evasión, nada de informalidad y menos aún atajar el creciente contrabando.