Ponerle cifras y responsables a la transición

El asunto de la transición energética está en la agenda de todos los ministros, los gremios económicos y algunas empresas, pero no de las familias ni de las personas comunes y corrientes, menos aún de alcaldes y gobernadores; es un tema pariente cercano del calentamiento global, la sostenibilidad y hasta las guerras de Ucrania y Palestina; en los que se sabe que existen, están pasando, son preocupantes, pero no urgentes ni importantes.

Todos son conscientes de que la transición energética ya comenzó, que los combustibles fósiles deben ser remplazados por otros renovables y que el energético bisagra o elemento protagonista de dicha transición es el gas. En ese orden de ideas, la matriz energética colombiana debe ser cuidadosamente estudiada para saber a ciencia cierta qué cambiar, en dónde acelerar, quiénes son los responsables, y lo que no es menor, cuánto dinero costará y por dónde acelerar este imperativo generacional.

El Departamento Nacional de Planeación ha abordado el tema, ha intentado poner la transición en la hoja de ruta del plan de desarrollo de este Gobierno, pero su postura no tiene cifras ni responsables. Se habla con elocuencia, por ejemplo, del papel que jugará en la transición energética la deforestación de las selvas y páramos, pero no se vincula a las corporaciones autónomas regionales, que siguen pasando de agache, en el imperativo del calentamiento global.

Quizá el problema nacional es que las instituciones responsables de la transición energética no lo saben que son, no tienen ni idea de lo que va a pasar y solo se activan cuando hay dinero público sobre la mesa para eventuales proyectos que aceleren el salto energético o lo hagan visibles para todos.

Se habla de que entre 2024 y 2050, el país tendrá que destinar en promedio 3% del PIB para financiar la transición; algunos creen que el sistema de ingresos verdes puede costear una buena parte de las necesidades financieras, no obstante, las cifras a ciencia cierta no se ven por ningún lado.

Puede pasar lo mismo que con la paz: dividendo por la paz, los costos de la paz, los responsables de la paz, los diálogos por la paz, las negociaciones de la paz, etc., toda una narrativa en torno a un tema que se vuelve de cocktail, pero a nadie realmente le importa o lo ejecuta bien. Ya se ha estudiado a fondo la matriz energética del país, se sabe que la economía colombiana vive del petróleo y de las extracciones mineras, que el parque automotor colombiano debe cambiar poco a poco de combustible que lo mueve, que las exportaciones están centralizadas en petróleo, pero no hay políticas públicas quirúrgicas que transformen los sectores implicados.

Solo existen diagnósticos generalistas sobre la necesidad de cambiar, la responsabilidad de volver más verde el país, aún sin dolientes ni cifras para revisar. La transición energética debe ser tarea de todos, pero con responsabilidad en Planeación Nacional y ejecución en los ministerios de Ambiente y Minas. Obviamente, las corporaciones autónomas regionales tienen muchas velas en ese entierro porque son las entidades responsables de controlar el calentamiento cumpliendo con su mandato de preservar el agua desde las riveras hasta los centros de consumo, además de velar porque la agricultura, la minería y la construcción no devasten al país con sus avances más allá de las fronteras de selvas, bosques y páramos.