Para que no se repita el lío de la Contraloría

Se tiene previsto que el costo de la renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) sea de $12 billones, un plan de inversión para los próximos 30 años. Un megaproyecto visionario que debe ser prioritario para el futuro de la gestión pública. Es un hecho que el país debe desarrollar las entidades que atienden grandes masas de público, tanto de usuarios como de proveedores empresariales, y de paso promover que mejoren servicios y optimicen tiempo y el espacio. Para lograr este objetivo se creó la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, entidad a cargo de esa política pública, pero que debe acelerar su gestión de cara a lo que está pasando con la sede de la Contraloría General de la República.

Según las cuentas que tiene esa oficina a cargo del Dr. Andrés Escobar, hay 200 entidades del Estado que utilizan 1.655 inmuebles solo en Bogotá. El proyecto quiere ubicar a 70 de estas en el CAN, porque hoy en día solo hay una docena. Creemos en LR que el tema de la sede la Contraloría debe solucionarse en este marco, de lo contrario seguiremos improvisando. El Plan de Ordenamiento Territorial es clave para que este gran objetivo llegue a feliz término y no se convierta en una nueva frustración. El POT debe permitir el uso mixto de los espacios, no solo para oficinas, sino también para comercio y vivienda; todo un sueño de una ciudad planeada que a su vez solucione problemas de eficiencia pública.

Hay muchas entidades públicas de gran peso en la economía que necesitan crecer y modernizarse en términos de sedes para mejorar sus servicios. Es el caso de Ecopetrol, la empresa más importante del país y una de las más grandes de América Latina que no cuenta con una sede centralizada. Lo mismo pasa con las oficinas principales del Banco Agrario o Colpensiones, entre otras empresas mixtas o comerciales e industriales del Estado que no cuentan con buenos despachos. El asunto de la sede la Contraloría es una de las vergüenzas públicas más penosas que solo dejan al descubierto la falta de planeación nacional. Todos los anteriores contralores y todos los directores del DNP, más los ministros de Hacienda son responsables directos en la resolución de este asunto. En la misma situación de la Contraloría están varias entidades que no cuentan con oficinas dignas, no necesariamente propias para atender a la los colombianos. Existen alternativas de arrendamiento financiero o compra hipotecaria a largo plazo para que las entidades puedan desarrollar desde su interior la nueva cara del Centro Administrativo Nacional.

Lo de la Contraloría nos debe servir para valorar lo que se está haciendo en el CAN y se deben enfilar tareas para hacerlo una realidad.