Para acabar la corrupción se debe dividir

Los tres países más corruptos del mundo son Somalia, Siria y Sudán del Sur, y entre los menos, están Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Colombia, como siempre están a media tabla (tirando a la baja) con un puntaje de 40 y en el puesto 87; el listado es de Transparencia Internacional que clasifica a los países en una escala de 0 a 100; una percepción elevada de corrupción es cuando se tiene una menor puntuación y 100 indica una percepción muy baja. A menor puntuación, menor honradez o integridad en el sistema público, por lo que cuanto mayor sea la puntuación, mejor.

El tema se trae a colación ahora que el país ha caído en la trama de “Papá Pitufo”, tal y como se le conoce al zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, un veterano empresario ligado a oscuras relaciones con políticos y narcotraficantes desde hace varias décadas, según su prontuario argumentado en su solicitud de extradición desde Portugal.

El asunto no es menor y ojalá no se olvide de un día para otro. En dicha trama se encuentra dos de los peores males de la sociedad colombiana: el contrabando y el narcotráfico, dos actividades ilícitas que se necesitan la una de la otra para lavar dineros sucios en forma de comercio.

Ni siquiera es un secreto a voces que el puerto de Buenaventura siempre ha estado coptado por intereses oscuros de empresarios ligados a las dos actividades ilícitas: salida de cocaína y entrada de contrabando y armas, ante los ojos nublados de las autoridades competentes.

Y es que los delincuentes han encontrado la manera de monetizar el dinero derivado del narcotráfico producido por más de 200.000 hectáreas de coca en forma de contrabando en textiles, licores, cigarrillos, tecnología, accesorios, belleza, y, por supuesto, armas. Ni en Cali, Medellín, Bogotá o Barranquilla, entre otras ciudades, se explican los consumidores cómo subsisten, ni cómo compiten docenas de centros comerciales de mala muerte abandonados sin compradores; restaurantes sin comensales y manzanas enteras de los llamados Sanandrecitos o huecos.

La respuesta es simple: por la tolerancia cultural de la sociedad con el contrabando; además muchos venden con IVA que no lo devuelven a la Dian. El ejemplo más grotesco se da en las puertas de los tres centros comerciales más sofisticados en Bogotá, la llamada Zona T, en donde las ventas al menudeo de contrabando acosan a los consumidores, sin que haya operativos de la Policía de Aduanas.

Las escenas se repiten en todas las ciudades, mientras los contrabandistas -quienes le lavan los dineros de los narcotraficantes- tienen capturados a políticos, ministros y funcionarios que les financian las campañas o ponen sus fichas en los cargos clave de vigilancia y control.

La corrupción es eso. No solo se trata de funcionarios que cobran comisiones por entregar una obra pública o de contratistas que reciben dinero de todos para hacer infraestructuras que las hacen mal, la corrupción está interiorizada en la misma sociedad permisiva con sus funcionarios; una sociedad que ve bien el contrabando, el lavado de activos, a los políticos descarados que se hacen elegir con dineros sucios; en fin, es un cáncer que se debe dividir para poderlo erradicar.

El contrabando es la punta del iceberg que debe atacarse con todo el sistema judicial, pero para lograrlo se debe comulgar con los mismos preceptos públicos que es una actividad delincuencial que perjudica a la sociedad.