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EDITORIAL

Ojo con el cuento politiquero del racionamiento

jueves, 18 de mayo de 2023

Los colombianos pagan en su costosa factura de la luz el llamado “cargo por confiabilidad” para que las empresas beneficiadas con ese sobrecosto eviten nuevos apagones de energía

Editorial

El servicio de energía en Colombia no puede vivir al baile de La Niña o El Niño, en medio de un sinsentido de que malo porque llueve y más malo porque no llueve. Para solucionar este problema desde casi dos décadas el Estado decidió poner a andar una suerte de seguro contra estas coyunturas con el nombre de “cargo por confiabilidad”, una figura que nació en 2006 con el objetivo de evitar nuevos racionamientos cuando los recursos hídricos escasean.

Repasar estas obligaciones, o recordárselas, a los responsables es menester ahora que varios políticos están hablando de un eventual racionamiento. En medio de una inflación aupada, entre otros, por el costo de los servicios públicos, inexplicablemente en medio de más de 32 meses de lluvias; el cargo por confiabilidad es una suma de dinero que los consumidores pagan en su factura mensual y que tiene como fin garantizar el suministro de energía; una suerte de “remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta)” según el mandato de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Es clave entender que hay cuatro actores en la cadena de la energía: generadoras, transmisoras, comercializadoras y distribuidoras, y que del cargo en mención se han beneficiado las generadoras, unas públicas y otras privadas, incluso empresas que juegan en varios papeles de la cadena como EPM.

El valor del cargo por confiabilidad, un seguro que debe ser vigilado pues supera los $70.000 millones, lo incorporan todos los generadores que participan en el despacho de energía, de manera que desde la oferta del precio de energía viene incluido el valor que se destina para pagar los ingresos del cargo.

Ese dinero hay que hacerlo valer por las autoridades de vigilancia y control, como la Contraloría y las superintendencias involucradas, para que la opinión pública no caiga en la piromanía de los politiqueros que están asustando a las empresas con un inminente apagón para justificar que el kilovatio hora esté cerca de los $900, costo de que se benefician un literal puñado de empresas.

El gran problema de hoy es que las cosas en la llamada Creg están manga por hombro y el ente regulador del sistema eléctrico no tiene la capacidad científica de determinar situaciones técnicas dada la rotación de personas directivas que permitan saber a ciencia cierta la cantidad de energía eléctrica que usa el país anualmente, así como la que necesitaría en un escenario de condiciones climáticas extremas o adversas, como es el inminente fenómeno de El Niño que le espera al trópico.

Con corte al 16 de mayo, las reservas hídricas reportan un nivel de 58,25% (10621,78 GWh) y los aportes hídricos de 54,83% (283,80 GWh). Lo que explica los precios al alza del kilovatio. En febrero el precio de bolsa de energía fue $533,7/kWh, aumento de 42,61% frente al precio promedio de enero, que fue de $374,24 kWh.

Hoy, el precio de energía, se ha multiplicado por más de cinco veces desde abril acercándose a los $900 sin que el Ministerio de Energía ni la Creg hagan algo coherente para vigilar la situación y las facturas las sigan pagando los consumidores, familias y empresas. Al sector productivo no se le pueden cargar más costos como es el de una energía muy cara.

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