No se puede caer en populismos tributarios

La suerte está echada y hay en el Congreso una nueva reforma tributaria que deberá debatirse con la altura intelectual y la probidad técnica que requiere atender como país, la peor crisis económica, sanitaria y social de la historia reciente. Nadie puede negar que Colombia, como muchos otros países, está sumido en la peor recesión económica, que ha disparado el desempleo y que ha llenado al país de más deudas, todas derivadas de la pandemia originada por el coronavirus que salta de pico en pico, sin un plan efectivo de vacunación que cambie el panorama. Para atender esta situación, el Gobierno Nacional ha tenido que disponer de casi $40 billones que se deben sumar a un hueco de similar cantidad que ha dejado el frenazo económico: por todo se necesitan unos $80 billones para estabilizar la economía. Y la única manera de hacerlo es que todos pongan plata para salir de la crisis que puede condenar al país a otra generación perdida que no verá a una sociedad desarrollada que goce de bienestar y menos precaria en lo público.

El Ministerio de Hacienda ha presentado la reforma tributaria más ambiciosa que se recuerde, quiere recaudar unos $23,4 billones acudiendo a nuevos impuestos por las mismas vías de siempre, el IVA y la renta. La base tributaria se va a ampliar de manera importante, lo cual es fundamental para reducir la brecha del número de colombianos que pagan impuestos y quienes no lo hacen; para ello se propone bajar el monto de ingresos anuales susceptibles de ser declarados que llegarían en 2023 a desde $2,9 millones al mes; con estos escenarios cerca de siete millones de colombianos declararían renta en los próximos dos años, lo que no siempre supone pagar tributos, pero sí se contribuiría a formalizar más la economía. La otra acción, muy polémica, es llevarle impuestos a los pensionados que cobren una mesada superior a los $4,8 millones; polémica propuesta porque aquello de la doble tributación que vuelve a aparecer en las escena jurídica y todo quedará en manos de los altos tribunales. El impuesto al patrimonio es un tercer puntal de ingresos y ahora partirá de $4.800 millones bajo el rótulo de Impuesto Temporal y Solidario a la Riqueza, que propone ser pagado por las personas que tengan un patrimonio líquido superior a 134.000 UVT, es decir $4.865 millones. Si una persona tiene un patrimonio líquido de entre 134.000 UVT y 402.000 UVT ($14.594 millones) pagaría una tarifa marginal de 1%, y si el patrimonio es mayor a 402.000 UVT pagaría una tarifa de 2%. Este impuesto aplicaría solo entre 2022 y 2023. También polémico, pues no deja de asustar la inversión, pues casi todos los impuestos temporales los convierten en permanentes, dado que la necesidad de recursos públicos en un país en desarrollo siempre se multiplica, nunca se reduce.

El verdadero gran problema tiene que ver con los intereses de los congresistas en una época electoral y que esta necesaria tributaria se convierta en una batalla campal de populismos. Lo más fácil siempre será criticar nuevos impuestos, sembrar bulos en la opinión pública y animar una confrontación entre personas de altos y bajos ingresos, entre empleadores y empleados, y entre formales e informales. Hay que cerrarle el paso a los populistas, animar a los congresistas a que hagan un estudio muy juicio; ojo, poco o nada hay de evasión tributaria y ese sería un buen capítulo para que congresistas le anexen.