miércoles, 15 de noviembre de 2017

Que el gobierno de Maduro dejara de pagar las deudas se veía venir, pero no se pueden minimizar los efectos económicos en Colombia

EditorialLR

Una cascada de calificaciones negativas viene recibiendo Venezuela desde el lunes, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro fracasara en llegar a un acuerdo concreto con los principales tenedores de deuda en la reunión en Caracas y tras una serie de incumplimientos de la deuda soberana del país y de la estatal petrolera Pdvsa. Agencias de riesgo como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s están cerca de declarar a Venezuela en bancarrota, luego de que acercaran sus calificaciones al grado de default selectivo o parcial, una nota previa a la certificación cuando se da un incumplimiento total en las obligaciones. El gobierno socialista, que enfrentará el próximo año elecciones presidenciales, está acosado por las sanciones económicas de Estados Unidos -la más fuerte prohibió las negociaciones de deuda nueva entre ciudadanos de su país y Venezuela- y un precio del barril del petróleo lejos de las épocas en las que se cotizaba a más de US$100. Las reservas internacionales están en mínimos históricos en US$9.678 millones; la inflación acumulada medida por la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, está en 825% y la producción de petróleo está en mínimos de casi tres décadas con una oferta de dos millones de barriles por día. Con este escenario, Maduro enfrenta la posibilidad de renegociar el pago de una deuda que llega a los US$60.000 millones. Aunque ayer en la tarde, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, aseguró que se inició el pago de US$200 millones de intereses que no se han cumplido hace más de 30 días, lo cierto es que el atraso en los pagos demuestran, al menos, que Maduro enfrenta problemas para cumplir con sus obligaciones y que el riesgo de una quiebra es cada día más latente.

Cuando un país cae en default implica que no pagará su deuda. Esta calificación está en manos del mismo gobierno, que puede anunciar que no honrará sus compromisos, o del dictamen de las agencias de riesgo. Si sucede, Venezuela tendrá más difícil para conseguir créditos en el extranjero e, incluso, se puede atener a que los acreedores intenten embargar activos en el exterior, como Citgo, la filial en suelo estadounidense de Pdvsa. Aunque la relación económica entre Colombia y Venezuela es cada vez menor, los efectos de una posible quiebra no se pueden minimizar. Pese a que, por ejemplo, un análisis del grupo de investigaciones económicas de Bancolombia demostró que el flujo comercial y la inversión extranjera directa entre ambos países está en mínimos, el hecho de que la economía se quiebre abre un proceso de largo plazo del que no se saldrá fácilmente.

Colombia terminará de perder a un socio que en otras épocas fue estratégico e, incluso, las compañías locales, que han disminuido su inversión en ese país, seguirán sin un mercado con el que contaban antes. Avianca, por ejemplo, enfrentaría dificultades para reiniciar sus operaciones y el Grupo Nutresa, que hace 10 años registraba 12% de sus ventas allá, podría aplazar la estrategia que tiene de permanecer en ese mercado con la esperanza de que las condiciones cambien. Y, por supuesto, hay que tener máximos cuidados con los efectos sobre ciudades limítrofes como Cúcuta, que continúa con una tasa de desempleo de 15,3%, la más alta del país, o un aumento de la llegada de venezolanos a Colombia, que hoy las autoridades la calculan en 470.000 migrantes.

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