Los límites económicos y sociales de la protesta

De acuerdo con datos de las autoridades, en los cinco meses que van de este año, se han presentado 615 actos masivos de protestas en el país, 145 de los cuales se dieron en el último mes, sin que se esté muy lejos del promedio mensual que fue de 123, esto es poco más de cuatro por día. La cifra no es nada despreciable y merece distintas reflexiones no solo de las autoridades nacionales y locales, sino de la misma sociedad y en particular de nuestra clase dirigente, pues resulta evidente el nivel de confrontación y polarización que se ha alcanzado y que tiene su expresión en el inconformismo de distintos sectores, sin que ello descarte que en algunas ocasiones la protesta es promovida puntualmente y con objetivos no muy claros para obtener beneficios aprovechando la debilidad institucional. 

En momentos se pretende vetar el reclamo popular como es el caso del paro que adelantan campesinos en distintas regiones, quienes alegan el incumplimiento de las promesas supuestas o reales del gobierno en una movilización anterior que desafortunadamente se intentó menospreciar y que luego, por su magnitud e impacto,  terminó reconociéndose y luego negociando, sin mucha responsabilidad, las peticiones de quienes estaban en paro, con tal de que suspendieran la protesta. 

La realidad es que no es la primera vez que ello ocurre y lo más delicado es que nadie hace una evaluación o un seguimiento serio de los compromisos adquiridos ni de su ejecución, lo cual facilita que con el paso del tiempo se vuelva a plantear, con razón y sin ella, los problemas y de nuevo se generen situaciones de hecho. Sin duda alguna es una situación que se debe corregir y enfrentar de una vez por todas como una responsabilidad y una muestra de la confianza que los ciudadanos deben tener en el Estado cuando adquiere compromisos con las comunidades.

El Gobierno debe poner la máxima atención al paro dándole su justa dimensión, ni más ni menos, pero este ni debe ser aprovechado en forma oportunista o desconocer la ocurrencia de otros hechos si se quiere más graves, como es la parálisis de la producción petrolera en la región de Castilla la Nueva o Acacías en el departamento del Meta, que afecta un volumen de producción muy importante. 

Lo que nació como una protesta pacífica contra dos empresas contratadas para la operación de cinco taladros, se transformó en menos de ocho días en actos vandálicos, amenazas con arma de fuego a los trabajadores, ataques a miembros de la Fuerza Pública, sabotajes a pozos y derrames de crudo. El balance reportado por Ecopetrol es preocupante pues por el ataque a la infraestructura eléctrica se inhabilitaron 53 pozos petroleros. En este caso, el pedido de quienes promueven las acciones de fuerza es que la operación petrolera no desplace la mano de obra, así sea menos eficiente, lo cual no parece posible dadas las condiciones actuales del mercado.