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Una cruzada inédita en la historia del país han emprendido un puñado de empresarios vinculados al comercio que quieren poner su grano de arena para bajar los altos precios
Los primeros meses del año no han sido tan buenos a la luz de los datos fundamentales: la inflación cabalga a un ritmo anual de 12%; las tasas de interés mantienen el dinero costoso en 13%; el dólar se cotiza por encima de $4.500; el crecimiento económico en los tres primeros meses del año va en 3%, y lo que es muy malo, hay más de 2,5 millones de colombianos desempleados.
Si bien en materia económica lo que vale es la tendencia, pareciese que la situación económica empieza a mejorar para el segundo semestre, eso sí, la incertidumbre empresarial y la confianza inversionista ayudan en un momento político de gran pugnacidad por las reformas propuestas por el Gobierno Nacional y las inminentes elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.
En medio de este panorama, que no es el mejor, un puñado de empresarios le han apostado a bajar los precios de los productos y servicios que venden, asumiendo los costos de importación, de producción y el mismo pago a los proveedores; el objetivo no es distinto a permitir que los 14 millones de familias tengan acceso a los alimentos de manera más conveniente; es una iniciativa inédita que busca impulsar el consumo, favorecer a los hogares y de paso garantizarles a los productores evacuar el fruto de su trabajo.
Por ahora, sólo se han vinculado las grandes superficies de retailers, como Almacenes Éxito, Tiendas Olímpica, Makro y Supermercados Ara, todas empresas de mercados que han encontrado en la responsabilidad social coyuntural, en su propio servicio y core del negocio, una manera de leer lo que está sucediendo en Colombia con las políticas públicas, que no han podido echar para atrás la inflación al alza que se registra desde hace 24 meses, muy a pesar de que los responsables constitucionales de corregir ese problema económico, como son la Junta Directiva del Banco de la República y los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura, han sido inferiores al reto luego de nueve meses en la administración central.
En buena hora, multinacionales de capital externo como los franceses del Éxito, los portugueses de Ara y los de Países Bajos de Makro, más los empresarios locales de la región Caribe como es Olímpica, se la han jugado asumiendo una buena parte de los costos.
Los empresarios no quieren precios altos, solo justos, y quieren demostrar que todos en el sector productivo pueden ceder un poco en este momento en donde la inflación sigue siendo el dolor de cabeza de las autoridades económicas y del bolsillo de las personas. Algo similar había hecho el sector financiero en donde se desató una guerra de baja de tasas para las tarjetas de crédito con el ánimo de mejorar las condiciones para el consumo.
Acciones como éstas deben ser reconocidas en un momento de ataques irresponsables en contra de la actividad del sector productivo que genera empleo formal y tributa en medio de los constantes cambios de reglas de juego en materia impositiva.
Los ministros y los codirectores del Emisor deben seguir trabajando para bajar los precios de los alimentos, el transporte y los servicios públicos, no hay un “impuesto” mayor y más dañino que golpee a las familias que los altos precios y todo lo que hagan -en este caso los empresarios- para ayudar a los consumidores bajando los precios, pues los ingresos siguen constantes, es loable y se debe destacar, es más, ojalá las empresas públicas hagan los mismo, en especial las generadoras de energía.
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