¿Llegó la hora de vender las licoreras?

Los 32 gobernadores que existen en Colombia no se pueden seguir llamando a engaños y entrar en consciencia de que la decisión de la Corte Constitucional que le permite a las licoreras vender sus productos en todos los rincones del país, los obliga a ejecutar algo que debieron hacer sus antecesores hace tres décadas: privatizar la producción de bebidas alcohólicas en manos de los departamentos, al menos en las fábricas en donde esta actividad no está en quiebra profunda, es decir, casi ninguna.

La decisión de la Corte Constitucional sobre la comercialización del aguardiente ha generado mucho análisis sobre el modelo futuro de las rentas departamentales, esos impuestos que recauda cada departamento derivado de la venta del segundo licor más consumido en Colombia, después de la cerveza. Ese impuesto que cobran los departamentos se destina a cubrir parte de la salud, educación y deporte. La mitad de las rentas del monopolio de licores destilados se destina a salud y educación; y 3% al deporte; todo esto se hace a través de las secretarías de Hacienda que recaudan, administran y controlan dicho impuesto regional.

Hace casi 30 años, por allá en 2006, el hoy precandidato a la Presidencia de la República, por entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, avanzó en privatizar la Fábrica de Licores de Antioquia, la más rentable y exitosa de estas empresas públicas. Su postulado tenía y tiene todo el sentido de mercado: “La administración pública no debe sostenerse de las cantinas”, pero fue derrotado por los diputados muchos financiados por estanqueros y grandes comercializadores del “guaro paisa”.

Gaviria sostenía que el dinero que le ingresa al departamento por las utilidades de la FLA no se iba a perder, y que las transferencias para la salud y la educación se mantendrían en franco aumento. “Se conserva totalmente la parte tributaria que reciben los departamentos y la utilidad operacional que hoy tenemos la garantizaríamos igual o mayor capitalizando otras empresas más rentables, como las Empresas Públicas de Medellín”. El dinero proveniente de la eventual venta de la FLA, iría a ser socios de EPM y así garantizar la continuidad en los recursos de operación que generaba el aguardiente.

Hoy, los gobernadores de Antioquia, Valle, Cundinamarca, y quizá Caldas, deben estudiar qué hacer con las licoreras, pues mantener la fabricación no solo es ruinoso, sino que es un negocio sin futuro en manos públicas. Otra alternativa es que los departamentos que tienen fábricas eficientes con un producto de renombre nacional, deben agruparse en una sola empresa industrial y comercial del Estado que se encargue de unificar producciones y vender en todo el mundo aprovechando las denominaciones de origen que tienen algunos aguardientes.

La idea de privatizar las licoreras tiene muchos enemigos políticos, esos grandes comercializadores regionales que tienen capturada la venta de los aguardientes convirtiéndolo en negocios propios. Ahora bien, en lo que sí deben trabajar los 32 gobernadores es en extremar el cobro del impuesto, de la llamada estampilla, para que sean eficientes en el recaudo; si se concentran en hacer buenos cobros en sus regiones a los comercializadores de licores, las finanzas públicas pueden mejorar, y no concentrarse en manejar empresas ruinosas.