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La nueva reforma tributaria debe atender muchas de las exigencias que se hacen en las protestas sociales, es irracional pedir obras sin tener dinero.
El próximo lunes se completan ocho días de protestas campesinas en las carreteras colombianas. Un lapso marcado por dos puentes festivos que señalan el comienzo de las vacaciones escolares de medio año. Gran parte del país productivo y signado por la economía de mercado asume esta situación anormal como algo corriente que se repite cada vez con mayor frecuencia en el calendario y que debe ser asumido como un tiempo de grandes pérdidas económicas.
Semanalmente se registran en todo el territorio nacional muchas protestas de todo tipo, a las cuales se van sumando sectores con mayor o menor fuerza o beligerancia política, económica y social. Al actual paro campesino se han sumado algunos camioneros, profesores, varias universidades públicas y obviamente los partidos políticos en franca oposición, generando un caldo de cultivo para protestas sociales de largo plazo. El último gran paro agropecuario, al cual se sumaron los cafeteros, durante el tercer trimestre de 2014, duró casi 20 días y generó millonarias pérdidas, pero lo peor es que el Gobierno Nacional adquirió unos compromisos económicos difíciles de cumplir, pues comprometían grandes partidas presupuestales para apagar un incendio que crecía con el paso de los días.
El gran problema es el manejo que los gobiernos de turno siempre le dan a las reivindicaciones sociales beligerantes y es que prometen inversiones en una situación fiscal complicada. Claramente, el palo no está para hacer cucharas, no hay dinero para cumplir con más subsidios y aumentar las políticas asistencialistas, para comprar producciones agropecuarias poco competitivas y para aumentar la inversión social en regiones apartadas. Quienes protestan, empujados por unos organizadores con intereses políticos, no son conscientes de que el Estado dejó de percibir el grueso del dinero que le transfería al presupuesto Ecopetrol, por los bajos precios internacionales del crudo y que ese ingreso ha sido muy difícil reemplazarlo con otra actividad exportadora. Por esta causa el Presupuesto Nacional tuvo que ser recortado con graves consecuencias para las necesarias inversiones sociales en regiones sensibles y de crónico olvido, como el Cauca, Catatumbo, Caquetá o Chocó.
Por fortuna no hay reelección presidencial y el Ejecutivo puede tomar decisiones conscientes e impopulares de cara al beneficio del país. En menos de siete semanas debe radicarse en el Congreso de la República un proyecto de ley de una nueva reforma tributaria que alivie la carga de impuestos para las empresas generadoras de empleos formales y le cargue más a los colombianos que han eludido sus responsabilidades con el fisco; todo con el máximo objetivo de financiar las reivindicaciones sociales más apremiantes. La ecuación es muy simple: más inversión más impuestos, sino, ¿de dónde sale la plata?
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