La revolución pendiente de las vías terciarias

En Colombia hay 206.708 kilómetros de vías, de los cuales 142.284 kilómetros están identificados como red terciaria, eso quiere decir que son responsabilidad de los entes territoriales, lo que no es muy distinto a decir que más de 65%, es decir, 110.419 kilómetros está a su cargo. Otros 27.577 kilómetros son responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, 18%; cerca de 9% (13.959 kilómetros) de los departamentos, y 8% (12.251 kilómetros) hace parte de la red privada.

Ese es el mapa vial de mayor impacto en un país de regiones en donde la mayor parte de las reivindicaciones sociales tienen que ver con la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento del sistema más sensible de carreteras nacionales. Pero para hacer esa tarea pendiente no hay que caer en el populismo de antaño y prometer que las juntas de acción comunal pueden desatrasar al país en esa tarea con las vías terciarias; proponer eso es un insulto a la ingeniería nacional que es quien debe enfrentar desde las Pyme este reto. Puede quedar sobre la mesa la idea de que las juntas de acción comunal recibirán dinero del presupuesto para contratar obras de infraestructura, o que son los alcaldes quienes van a disponer de una buena cantidad del presupuesto para hacer obras; eso sería un grave error que ya se cometió durante la primera administración de Álvaro Uribe con el Plan 2.500, que atomizó las obras necesarias para las regiones; el resultado fueron carreteras inconclusas, mal hechas y miles de kilómetros contratados, pero nunca construidos.

El Ejecutivo no puede ser ligero al hablar de la revolución de las vías terciarias, debe contar con las grandes empresas de ingeniería para que lo asesoren en cómo dar el salto en cerca de 100.000 kilómetros urgentes, que bien se pueden hacer con placa huella, pavimento o simple “recebo”, pero nunca dejar la idea al aire de que habrá plata de bolsillo para las juntas de acción comunal; ahora bien, comunidades pueden ser grandes actores creando asociaciones para mantener las obras, limpiar vegetación, tapar huecos, hacer cunetas o dejar las vías libres de basura; nunca suplir a los ingenieros que saben más del tema.

Si el invierno se va a extender por otros 90 o 120 días, el Ministerio de Transporte, con el Invias tiene la obligación de presentar un plan urgente de vías terciarias que están siendo afectadas. El sector de la infraestructura no puede involucionar salvándose de los pliegos tipos en crucial asunto de puentes, túneles, dobles calzadas o simples carreteras para el desarrollo social y económico. Por el simple hecho de que son vías rurales o municipales, no se puede ser laxo en las exigencias legales que van en función de derrotar la corrupción crónica en la obra pública.

El sector privado es el mayor jugador en la infraestructura global, no solo por el hecho de que investiga y surte soluciones, sino porque ha encontrado nuevas fórmulas, técnicas y soluciones adaptadas al nuevo mundo más sostenible. La economía circular está a la orden del día en avances tecnológicos; el reciclaje de las comunidades está más enfocado a construir obras cívicas y tiene a la infraestructura como su principal foco. Así como es una realidad que las sociedades están más conscientes de pagar impuestos, también hay mayor sensibilidad a la autogeneración de soluciones al atraso en vías de comunicación. Es una oportunidad de oro hacer la verdadera revolución de las vías terciarias.