La pobreza, más allá de los datos

La pobreza e indigencia han sido parte fundamental del discurso de los gobiernos a través de los años y sin duda hay que reconocer que se ha avanzado en forma importante, aunque hay que aceptar que no como lo han hecho otros países vecinos, como Chile, Costa Rica, Brasil y Perú, en los que los indicadores han tenido una disminución mayor que la nuestra. Perú por ejemplo, pasó de una pobreza de 52% en 2005 a 23% el año pasado e indigencia de 23% a poco más de 4%. En el caso nuestro la evolución de la pobreza fue de 45% a 28% y de 13% en indigencia a 8,1%.

En el caso colombiano, sin embargo, preocupa lo que está pasando con el indicador de desigualdad, pues es fácilmente demostrable que es mediocre el avance que se ha tenido en este asunto, prioridad en cualquier país. Ello estaría demostrando que los instrumentos utilizados por el Estado para enfrentar este problema no han sido efectivos. En otras palabras, ni la política de gasto público ha servido para redistribuir el ingreso, ni el manejo de los impuestos ha sido progresivo, de forma que se beneficie prioritariamente a los más pobres y haya una transferencia en su favor.

Las estadísticas muestran datos que preocupan en los resultados del gasto social en áreas que deben ser prioridad, lo cual no es otra cosa que una gran ineficiencia en el gasto público. El promedio nacional de bajo logro educativo es de 50,7% y en el sector rural y pequeñas cabeceras 83%; el analfabetismo en el campo es 24,1% en tanto que en las cabeceras es 7,1% y el rezago escolar 32% y 40,2% respectivamente. El llamado desempleo de larga duración que adquiere características estructurales asciende a un dramático 41,8% en el sector campesino, cuatro veces más que el promedio nacional y el trabajo informal muestra que tres de cada cuatro colombianos están en esa condición.

Otro de los temas que deben preocupar a las autoridades y en particular a quienes se encargan de la formulación de la estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo tiene que ver con las disparidades regionales, en particular si se compara Bogotá y Medellín con el resto del país, lo cual demuestra claramente el centralismo y poder que ejercen algunas zonas frente a otras y que sin duda están mejor dotadas de recursos humanos y técnicos, lo cual facilita la asignación de los recursos, pero profundiza la inequidad.

Ahora dadas las nuevas condiciones de austeridad que debe guiar al Estado, no puede propiciarse mayor desigualdad en la asignación del gasto público, sino buscar favorecer a las regiones y sectores más vulnerables de la población y procurar que los más pudientes hagan un mayor aporte a la atención de, al menos, sus propias necesidades.