Las consecuencias que tiene la ausencia de lluvias entre febrero y marzo del año en curso en las regiones con embalses de agua, que vuelven a hacer sonar tambores de racionamiento en todo el país, es el menor de los problemas que experimenta un sector eléctrico colombiano totalmente anarquizado por unos consumidores -léase la región Caribe-, que no pagan las facturas de consumo y que se han acostumbrado a que el resto de los colombianos les paguen sus cuentas de largas horas de aire acondicionado o de conexiones ilegales. No es un secreto para nadie que en las últimas tres décadas se han quebrado las electrificadoras públicas, los inversionistas extranjeros, y ahora están en aprietos los comercializadores sin generación, que a la postre son quienes llevan las facturas a los hogares, factor que a su vez desconocen los consumidores, quienes no saben que son los generadores que bajan, suben o mantienen el precio del kilovatio hora a su antojo; que cobran una suerte de seguro -cargo por confiabilidad- para garantizar “moler agua” en tiempos de necesidades. A la factura de energía le han puesto más cosas que a un árbol de Navidad: el consumo, el cargo por confiabilidad, el aseo, el alumbrado público, la seguridad de los barrios y hasta financian electrodomésticos en algunas regiones, colombianada que ha distorsionado el verdadero precio de la energía; hasta volverse un problema endémico de quejas y reclamos sin conocer verdaderamente el esquema de las tarifas. En Antioquia y el Eje Cafetero, por ejemplo, la cultura de pago y de uso racional de un bien escaso, como es la energía, ha llevado a que disfruten de una empresa como EPM, que muy a pesar de los ataques y malos manejos recientes, tiene un liderazgo en todos los sentidos, pero eso se debe a una cultura de consumo, de pago, de apropiación por el servicio y a que tiene toda la cadena montada y una integración vertical como grupo, no solo genera energía, sino que comercializa y juega un papel importante también en el transporte. En el altiplano cundiboyacense, Enel y el GEB han ido casi a la par, no tanto en eficiencia, innovación o trabajo con sus mercados, mucho menos en modernización en el alumbrado público, lo que hace que el consumidor capitalino acepte lo que se tiene. El verdadero problema del sector eléctrico está en el Ministerio de Minas y Energía, mucho más preocupado por la ideologización del petróleo y las minas que de los servicios que rige. Nada hace esta cartera para garantizar la labor de la conocida Creg, Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad adscrita a Minminas encargada de regular los servicios de electricidad y gas según se establece en la ley 142 y 143 de 1994, pero que se halla en el peor de los mundos, pues está sin cabezas idóneas para desempeñar sus roles y funciones. Es un sector que vive bajo la ley de la selva en donde nacen cada año uno o dos gremios ante la inoperancia de los actuales. Uno nuevo, Codisgen, que agrupa a comercializadores y distribuidores de energía sin generación despachada centralmente, entabló demanda penal al director de la Creg por poner en riesgo a empresas adscritas en diferentes regiones. Es una guerra sin cuartel y sin árbitro a la vista. Es imperativo que si el Gobierno no toma cartas en el asunto, sea el Congreso quien actúe para poner orden en el servicio madre para la economía. Hay que alejar cualquier apagón y ese desgreño más las pugnas gremiales son la antesala.
