La nueva prueba de fuego que impone Uber

Uber, la polémica plataforma de movilidad y de entrega de domicilios, anuncia su regreso a Colombia luego de solo 20 días de estar bloqueda, un mercado de donde nunca se fue y ahora propone a sus antiguos trabajadores un nuevo esquema de contratación que genera más incertidumbre, justo cuando se abría paso un esquema regulatorio para la industria en el que se había comprometido el Gobierno Nacional. Esta situación desencadena un pulso renovado entre los transportadores tradicionales y las novísimas plataformas tecnológicas; ahora la pelota está en la cancha de los legisladores que tendrán que mover sus fichas para actualizar las normas en un país que se ha convertido en el lejano oeste de los emprendedores digitales que no pagan impuestos en iguales condiciones de sus competidores, cosa que ha llevado a reconocerlos como competencia desleal.

Está claro que Uber nunca se fue al permanecer en el mercado local con su división logística que le hace competencia a Rappi y que las causas esgrimidas para abandonar el país no fueron claras. Surge una pregunta y es qué sucedió con la amenaza temeraria de demandar internacionalmente al Estado colombiano, argumento del que nunca se habla. Los nuevos contratos de Uber a sus trabajadores contemplan no brindar soporte y herramientas de seguridad a sus pasajeros y conductores, promesa que debe ser revisada por las superintendencias del ramo. Reza el nuevo contrato que hacen firmar a sus afiliados que “usted asumirá responsabilidad exclusiva por cualquier obligación o responsabilidad ante los arrendatarios o terceras partes, respecto a la ejecución del contrato de arrendamiento. Usted reconoce y acepta que es el único responsable de tomar precauciones según sea razonable y adecuado (incluida la contratación y mantenimiento de un seguro adecuado que cumpla los requisitos de toda la legislación aplicable) en relación con cualquier acto u omisión de un arrendatario o cualquier tercero”; toda una argumentación que debe mirarse con cuidado por el Ministerio de Trabajo, ahora que se avecina una reforma laboral.

Lo más preocupante es que en adelante los pasajeros podrán negociar las tarifas con los conductores, desestabilizando el mercado vigilado y por el cual las empresas de taxis han pagado una plaza durante varios años; también está en entredicho el nivel de protección de pasajeros y conductores bajo las nuevas normas de Uber, una empresa domiciliada en el exterior que solo se limita a pagar IVA, poniendo en desventaja tributaria a sus competidores locales. La estrategia de la multinacional, que atraviesa graves problemas financieros en todo el mundo, termina su nueva estrategia diciendo que “con el cambio de modelo buscaremos ofrecer una diversidad de servicios que permitan que coexistan alternativas tradicionales y nuevas, incluidos taxis, para que todos tengan la oportunidad de aprovechar la tecnología para prestar un mejor servicio”. Es una nueva prueba de fuego para las autoridades centrales, que ojalá no tarde en disiparse, para que se mejore el servicio de movilidad pública en las ciudades a partir de las nuevas tecnologías, pero que se compita en igualdad de condiciones y de beneficios para los trabajadores de las plataformas tecnológicas. Las instituciones duras y blandas son las que hacen fuerte la economía de un país.