La idea de montar un ministerio para solucionar los líos de la industria es inviable, pues ya existe uno para tal efecto
Hasta finales de los años ochenta, el Ministerio de Desarrollo Económico era el encargado del manejo de la política industrial y el comercio exterior, y los instrumentos de promoción y crédito se concentraban en Proexpo, una línea de crédito de fomento del Emisor. Con la apertura de la economía a comienzo de los noventas, se decidió separar esa cartera: una que se dedicara el manejo de la industria y otra dedicada a las relaciones comerciales con el exterior.
El hoy presidente, Juan Manuel Santos, como primer titular de la nueva cartera de comercio diseñó el modelo, incluyendo el cambio de instrumentación con la creación del Bancoldex y el brazo de promoción a través de Proexport. Solo unos años después, en la administración Uribe, una reforma del Estado volvió a unir a las carteras y nació el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y así llevamos unos pocos años.
Muy propio de nuestro tropicalismo, ha surgido ahora la idea de que para detener el deterioro del sector industrial, es necesario volver a separar el Ministerio y crear una cartera exclusivamente para la industria, argumentando que de esa manera se podrá enfrentar la pérdida de competitividad sectorial atribuida en buena parte a la puesta en marcha de tratados de libre comercio, cuando estos apenas están arrancando y sus consecuencias están por verse.
Hay que ser claros y contundentes. La existencia o no de una política industrial no es resultado de tener una instancia política para que defienda al sector, pues en ese sentido habría que plantearlo para otras actividades como salida a los problemas. La verdad es que la política económica en sus distintas manifestaciones, y el caso industrial es uno, responde a una estrategia de desarrollo que trasciende a un esquema de burocracia o una coyuntura particular.
Esa estrategia debe estar contenida en el plan de desarrollo que legalmente debe presentar todo gobierno a la aprobación del Congreso y que coordina el Departamento Nacional de Planeación, entidad que se supone no defiende intereses sectoriales sino que hace equilibrios en beneficio de toda una sociedad. No está ocurriendo de esa manera y la entidad, considerada un supraministerio, se ha reducido a manejar temas de coyuntura, perdiendo su visión de pensar en el mediano y largo plazo que siempre debe acompañarla y es su razón de ser.
Esa falencia no solo se nota en el caso que nos ocupa, sino en otras actividades como el modelo agrícola, dentro del cual está el rumbo cafetero, la infraestructura en sentido amplio, la salud y la educación, entre otros. En ese sentido, el país añora ese esquema de planeación de otros años en que el plan era la verdadera hoja de ruta y no una lista de proyectos para satisfacer las apetencias de las distintas carteras y de los parlamentarios.
