La dicotomía presupuestal y tributaria

Se vienen unas ocho semanas de alta tensión política en las que la polémica por nuevos impuestos y la financiación del presupuesto general de la Nación para el nuevo año marcarán la agenda económica del país.

Ya el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, presentó en las comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Cámara y Senado, el proyecto del presupuesto general de la Nación de 2025, una socialización imperativa para el análisis y debate de la iniciativa gubernamental en un Congreso desprestigiado, pero ávido de nuevos recursos para el año electoral que se avecina.

Hay algo bueno en que la ley de presupuesto se discuta simultáneamente con el plan de financiación, pues allí se pone al descubierto en qué se gasta el dinero que recauda el Gobierno y de dónde sale, mucho de ello de deuda pública.

En los países más desarrollados de occidente, la discusión del presupuesto se hace de cara al público, en sus congresos, en los medios y es de gran audiencia, como si fuera una transmisión de un evento deportivo de alto impacto.

La opinión pública participa activamente y se compromete con el futuro del dinero que paga a través de los impuestos y revisa cómo se invierte. Tradicionalmente en Colombia, a una ley de presupuesto le precede una discusión de una nueva tributaria, sin que nadie se entere del rumbo del dinero de los contribuyentes.

Esa dicotomía “presupuesto-impuestos” debe ser más transparente para los contribuyentes, pues Colombia no puede seguir aprobando dinero privado para un Gobierno que no explica o no muestra cómo se gastan esos recursos. La discusión del presupuesto general de la Nación debe ser mucho más transparente y debe contar con un papel protagónico de los ministros y funcionarios que deciden el gasto, es más, la Contaduría, Auditoría y Contraloría deberían tener más velas en ese entierro, es decir, aportar estudios y documentos sobre la manera como se gasta el dinero público y cómo avanzar en transparencia y eficiencia.

Especialmente este Gobierno ha sido pobre en la ejecución e incapaz de materializar políticas públicas. De momento, el presupuesto será superior en 3,9% al de este año, muy por debajo de la inflación, ascenderá a $523 billones, una cifra que se va a quedar corta ante las necesidades de inversión, pero razonable en términos de financiación, es simple: no se puede gastar lo que no se tiene. Se observa un enorme problema, derivado de mandatos constitucionales, en los gastos funcionamiento, en entidades nuevas y compromisos sociales.

De esos $523 billones, hay $12 billones sin sustento, es decir, ameritan una reforma tributaria convencional a la que el Gobierno ha denominado ley de financiamiento, un proyecto que se radicará antes de la segunda quincena de septiembre, en medio de un frenazo económico marcado por la incertidumbre.

A las cuentas del jefe de la cartera económica les han salido una competencia temática con la idea de reactivación manejada desde la Casa de Nariño, en la que las inversiones forzosas buscan activar ciertos sectores de la economía con dinero más barato, pero de los ahorradores, pues saldrá de la banca privada en operaciones de bonos del Tesoro, una suerte de títulos de desarrollo. Serán casi tres meses de duro debate que determinarán el crecimiento de este y el siguiente año.