Invertir más y pagar el servicio, retos eléctricos

La historia del servicio público de energía en la región Caribe está llena de frustraciones y muy pocos aciertos, un episodio más se intentará solucionar desde hoy cuando EPM de Medellín, a través de su nueva marca Afinia, y el Consorcio de la Costa con su marca, Aire, le apuesten a un mercado signado por la mala relación entre los prestadores del servicio y sus usuarios, agrabado el problema por la extendida cultura de no pago de la electricidad, incluso en las dependencias estatales y los estratos altos.

Ojalá, Electricaribe sea la última triste etapa de malos manejos auspiciados en buena parte por las autoridades locales y regionales, quienes apoyadas por políticos populistas no han sido conscientes de que se deben cerrar capítulos y comenzar una nueva etapa para el servicio de energía del Caribe, en la que todos deben poner de su parte: los inversionistas a invertir y mejorar el servicio y los consumidores a pagar y no conectarse de manera pirata.

Esos mismos problemas crónicos del no pago, malos manejos, politización y pésima calidad del servicio llevaron a que las siete electrificadoras de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y La Guajira quebraran en medio del racionamiento eléctrico que sufrió el país entre 1992 y 1993. La solución no fue distinta a quitarles a los alcaldes, gobernadores y políticos ese rentable botín; la empresa sucesora, Electricaribe, fue una solución efímera que duró muy poco.

Nació en 1998 para distribuir y comercializar la energía, pero el mal servicio, las bajas inversiones y las pérdidas fueron su lápida. Hoy, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas, dan por concluida una solución que comenzó en la anterior administración y que ahora está en manos de los habitantes de la Costa y los inversionistas para que todo funcione como en otras ciudades y departamentos. No se puede olvidar que el resto de los habitantes del país ayudan en su factura de energía con una buena parte del funcionamiento de la moribunda Electricaribe.

El 15 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, intervino la compañía para ser liquidada y solucionarle el problema a más de 2,7 millones de usuarios. No se presentaron interesados internacionales, desanimados por las condiciones y las dificultades del mercado, retos contra los que deberán luchar los nuevos inversionistas. EPM fue motivado para jugársela por el mercado de la Costa a cambio de que el Gobierno respaldara soluciones de movilidad para Medellín, incluso fue modificada con nombre propio la norma que limitada su participación en el mercado energético. En lo que tiene que ver con el Consorcio de la Costa, son inversionistas más experimentados en este tipo de operaciones dada su experiencias en Ibagué y Pereira que en su momento también presentaban los mismos problemas de Barranquilla o Cartagena.

Es una larga historia repleta de errores que deben corregirse con la llegada al mercado de las marcas Afinia y Aire, de dos inversionistas importantes que han decidido meterle plata a la región Caribe. Los más afectados con la llegada de estas empresas y con el respaldo del Gobierno Central con los políticos de la región que durante dos o tres décadas hicieron proselitismo contra los prestadores del servicio, ahora se les acabará el argumento, eso si las empresas no son inferiores al reto.