Fiscalía debe mirar si caso Odebrecht es recurrente

Las autoridades colombianas no pueden mostrar el caso de la constructora brasileña, Odebrecht, como un logro suyo en su lucha contra la corrupción estatal que ha desangrado al país durante varias décadas. El gran destape de esa trama sobre dineros privados entregados a los servidores públicos para pagar favores en licitaciones amañadas en toda Iberoamérica, es un logro de las investigaciones transnacionales en cabeza de Estados Unidos, tal como sucedió con los recientes escándalos en la Fifa.

En pocas palabras -y para ser contundente- de no ser por la globalidad de la justicia estadounidense, las cosas hubiesen seguido siendo iguales y nadie se habría dado cuenta de que un viceministro colombiano hubiese recibido dinero privado. Ahora bien, una vez abierta esa olla podrida, le toca a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, tirar de la pita e investigar profundamente si es una práctica frecuente entre los constructores nacionales y extranjeros pagar a los funcionarios públicos para ser favorecidos en los grandes negocios que generan las obras de infraestructura. A Odebrecht no le queda otro camino en Brasil y en la región que desaparecer del mercado, pues con la situación de crisis por la que atraviesa, con su fundador en la cárcel e investigada en varios mercados, no hay más salida que reinventarse como empresa en otros negocios, pues es bien complicado volver a ser la corporación civil que fue en algún momento.

Y además de revisar a fondo si es recurrente el pago de comisiones a empleados públicos por amañar procesos, es un imperativo para el fiscal Martínez mirar con lupa las denuncias de empresas que han perdido recientemente licitaciones. Estamos seguros de que el caso del viceministro Gabriel García, no es un hecho aislado en la historia reciente del país y que abundan en las contrataciones menores este tipo de prácticas. Y lo peor de todo es que la corrupción o el robo de los recursos públicos es una práctica muy extendida en los municipios más pobres que son los que más necesitan presencia del Estado con obras que generan bienestar social.

La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía deben actuar en conjunto para de una vez por todas reducir al máximo la corrupción que genera negociar con el Estado. Ojalá en los próximos años, todas las oficinas de control y vigilancia estatales tengan en la agenda la lucha frontal contra los corruptos, no solo quienes malgasten los recursos escasos, sino aquellos que hacen alianzas estratégicas con empresas privadas para favorecerlos y romper con las normas de la buena contratación. No solo el Fiscal es nuevo en su cargo y arranca una larga tarea, sino también el Contralor y el Procurador, de quienes esperamos mucha gestión, eficacia y contundencia contra todos los políticos que han hecho de los dineros públicos su caja menor.