En defensa de los llamados terceros de buena fe

Mañana será el día cuando el Tribunal de arbitramento defina el costo de 52% de la Ruta del Sol II que el Estado recibió al momento de la liquidación de la obra enredada por la trama Odebrecht. Para tal efecto, se han estimado varios peritajes que ayudarán a fijar el valor en disputa entre los bancos, que financiaron un poco más de la mitad de las obras, y el Gobierno, sin tener en cuenta la contabilidad de la firma concesionaria y sus gastos, solo lo que efectivamente se recibió. Un episodio más del calvario que han tenido que vivir todas las personas, empresas y bancos que le apostaron a ese proyecto y que nada tuvieron que ver con los actos de corrupción que aún están en investigación. Nos referimos especialmente a los siete bancos que prestaron los recursos para el proyecto y que pueden ver comprometido su dinero poniendo en jaque la fortaleza del sistema financiero. Por fortuna, la ley protege a los llamados terceros de buena fe, bien sean trabajadores, proveedores y, obviamente, a los bancos. De momento, ninguno de los bancos que le apostó a la financiación de esa 4G tiene investigaciones que cuestionen su función o papel en los cierres financieros, menos aún cuando antes de destaparse los nefastos episodios la constructora brasileña era considerada la mejor empresa de infraestructura del continente y una de las primeras en todo el mundo.

Para entender el asunto hay que precisar que una cosa es pagarle a los socios una indemnización o gastos que nada tienen que ver con la obra y otra muy diferente pagar las obras plasmadas en un contrato. El alto tribunal debe ser consciente de que su decisión será crucial para el futuro de la contratación y la financiación bancaria a las obras públicas. Si las tesis populistas que piden condenar a los bancos sin debido proceso imperan, la parálisis de las obras de infraestructura será inminente con las consecuencias para una economía en jaque por el bajo crecimiento y alto desempleo.

El tribunal debe fallar en derecho y dejar que la justicia siga adelante para castigar sin contemplación a los responsables de los hechos de corrupción. Una vez rota la conciliación que adelantaban los bancos con el Ministerio de Transporte para bajar los intereses del dinero prestado, solo queda atenerse al importante fallo, para el cual debe primar que Colombia es un Estado de Derecho, donde todos están sujetos a lo establecido en la Constitución y la Ley. Es un hecho indiscutible que, si el Tribunal de Arbitramento encuentra que funcionarios de Corficolombiana o Episol actuaron al margen de la ley, tal mala conducta no puede extenderse a los bancos que se limitaron a financiar el proyecto como personas jurídicas independientes. La decisión es de tal cuidado que, si se falla en contra de Ley 80 de 1993 y Ley 1882 de 2018, no solo se pondrá en jaque la necesaria salud de los bancos, sino la posibilidad que algún banco en el futuro le apueste a una obra 4G o de cualquier magnitud en el país. No puede hacer escuela la idea populista de que “se jodan los bancos para que todos se jodan”, ese clamor de muchos no es el camino y hay que enfrentarlo. Los bancos -según establece la ley- han actuado de buena fe al financiar la construcción de la infraestructura pública y tienen derecho al reconocimiento y pago de tales dineros en razón de las obras recibidas. Es primordial asegurar la estabilidad jurídica de las inversiones, de lo contrario la economía de mercado no será viable.