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El Congreso no ha cumplido su primer año y no ha dejado huella histórica más allá de estudiar a medias las propuestas
El trabajo del Congreso de la República y la agenda legislativa a su cargo, deben ser asuntos de permanente evaluación por la opinión pública, en el entendido que buena parte de la ruta programática del país en distintos frentes pasa por el legislativo y luego de su discusión y aprobación se convierten en leyes que adquieren un carácter normativo permanente. Sin duda una parte importante de esa agenda nace de iniciativas presentadas por el Gobierno de turno que las defiende en el parlamento y el Congreso ejerce el control político en representación de los ciudadanos que con ese objetivo han elegido a los llamados “padres de la patria”.
Dentro de ese marco, los interrogantes que hoy se hacen son varios, tales como si ¿el Congreso de la República está cumpliendo con ese papel o más bien se ha convertido en un acápite del poder ejecutivo? ¿Prevalece en las mayorías del Congreso un criterio de negociación con el Gobierno para obtener beneficios presupuestales o burocráticos a cambio de aprobar proyectos tan importantes como el plan de desarrollo para el cuatrienio o el presupuesto anual del sector público?
Es evidente que el Congreso ha perdido su capacidad para debatir los grandes temas de interés nacional y plantear soluciones que vayan más allá de la coyuntura. Por ejemplo, asuntos prioritarios para el desarrollo y el bienestar como la justicia, salud, el medio ambiente y desarrollo regional o sectoriales como la industria, la agricultura y la vivienda no son objeto de estudio y debate serios en el Congreso, lo cual es lamentable.
El Gobierno maneja su agenda legislativa que pone a consideración del Congreso de la República y el trámite parlamentario se ha reducido a debates poco profundos y al final a la aprobación apresurada o de última hora. Es el caso de la estrategia de desarrollo que el ejecutivo puso a consideración del legislativo. Sin duda que este proyecto debería ocupar buena parte del tiempo de los congresistas, pero desafortunadamente se genera un pulso en el que cada una de las partes tiene su propio interés: el Gobierno tratando de buscar la forma de evitar la presentación de proyectos ordinarios de ley y el Congreso revisando el plan de inversiones para incluir proyectos de interés local sin los debidos estudios.
Es un imperativo que el Congreso, el Gobierno y las iniciativas populares organizadas que pueden afectar la agenda legislativa se sincronicen con las verdaderas necesidades del país político y económico y verdaderamente se trabaje para el país.
¿Será mucho pedir a los congresistas en nombre de los ciudadanos colombianos que asuman el rol para el que fueron elegidos o sencillamente que sean más responsables con la agenda legislativa?
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