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No son buenas las noticias que llegan del sector eléctrico que soporta por estos meses una verdadera combinación de formas de lucha que buscan atravesarse a los grandes proyectos hidroeléctricos.
Las mal entendidas consultas previas, o mejor su aplicación amañada por parte de algunos inescrupulosos, están poniendo `en jaque` la generación eléctrica de los años venideros y son parte de la planificación diseñada desde las penosas épocas del apagón de comienzos de la década de los noventa.
Es una paradoja que mientras el país económico trabaja en el crecimiento para que éste se traduzca en generación de empleo, existan pequeños grupos de la sociedad que entiendan el desarrollo como un atentado a sus intereses particulares.
De nada vale que lleguen capitales de inversionistas a montones y que se crezca al 5% o 6%, si la infraestructura de generación de energía está amenazada, al punto de que se cierna la posibilidad de no contar con la energía necesaria en los años venideros.
Lo que está ocurriendo en la hidroeléctrica El Quimbo, que construye la compañía española Endesa al sur de Huila, es una tragedia para la economía, pues los pobladores de varios municipios del sector, alentados por políticos inescrupulosos, están retrasando un proyecto que Colombia necesita. Se tiene previsto que esta empresa pueda desarrollar los 400 megavatios de capacidad instalada.
El otro proyecto hidroeléctrico es el del Río Amoyá que está realizando Isagen, localizado al sur del Tolima, que tendrá una capacidad instalada de 80 megavatios, pero que también está `en veremos` por el accionar de grupos guerrilleros en la zona.
A estos dos se suman un par de obras en Antioquia: el proyecto Hidroituango, ubicado en tierras de Briceño, Ituango y Toledo, el cual tendrá capacidad instalada es de 2.400 megavatios y Porce IV, entre los municipios de Amalfi, Zaragoza y Anorí, en cuya zona vivían 2.799 habitantes en 2006 y ahora suman 14.500. La sumatoria de los proyectos ponen en riesgo una capacidad instalada de más de 3.280 megavatios que son fundamentales para el futuro económico del país.
Tanto el Ministerio de Minas como el del Interior deben manejar el asunto con máximo cuidado porque allí se están incubando protestas sociales inducidas que deben solucionarse con un trabajo comunitario bien estructurado. Lo más fácil es suspender las obras y ser sancionados por las autoridades competentes, pero ese es el último camino. Las empresas que deben levantar estos proyectos deben terminar lo contratado de la mano del Estado.
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