El Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

Le llego la hora al Plan Nacional de Desarrollo titulado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que servirá de marco para diseñar las políticas públicas hasta 2022. Es la hoja de ruta de esta administración para desarrollar los objetivos prometidos desde la campaña presidencial y reforzados a lo largo de los últimos siete meses. El problema con todas las iniciativas del Ejecutivo es que deben pasar y ser estudiadas por el Legislativo, eso dicta la Constitución, un camino que puede ser recto y directo cuando el Gobierno Nacional goza de amplias mayorías, o muy curvo y serpenteado como sucede en la actualidad, cuando grupos políticos ven en cualquier discusión una manera de sacarle provecho y obtener beneficios.

Uno de los objetivos tradicionales del Plan es reducir la pobreza monetaria de 26,9% en 2017 a 21% en 2022, lo que representaría una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de pobres. En cuanto a la pobreza extrema, el plan tiene proyectado bajarla de 7,4% en 2017 a 4,4% en 2022, es decir, 3 puntos porcentuales menos. Además, planea disminuir la pobreza multidimensional de 17% en 2017 a 11,9% al finalizar el Gobierno. Tendrá 13 componentes, dentro de los que se cuentan la legalidad y la seguridad, el emprendimiento y la productividad, el crecimiento verde, la equidad y mayores avances en la descentralización del territorio. Estos componentes estarán sumados a un fuerte componente en equidad de género, economía naranja y paz.

ARTÍCULO RELACIONADO

Los 15 planes de desarrollo que marcaron la hoja de ruta de la economía nacional

Es un plan bien diseñado pero ha generado polémica por el artículo 35, con el que pretende la unificación del Presupuesto General de la Nación en cabeza del citado Ministerio de Hacienda, “con el fin de mejorar la focalización, calidad del gasto público e impacto en el desarrollo”. El objetivo es integrar los presupuestos de funcionamiento y de inversión fue una recomendación inicial de la Comisión del Gasto de la anterior administración en su informe final que concluye: “la unificación del presupuesto de funcionamiento e inversión requiere un cambio institucional en el que haya una sola unidad presupuestaria, fusionando las competencias de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda y del DNP. Una dirección de presupuesto unificada permitiría un tránsito más ágil hacia la adopción de un esquema de presupuestación por programas”.

Claramente, no es una idea novedosa ni original, sobre la cual los partidos de la oposición monten estrategias de conspiración contra los congresistas que van a discutir el Plan. Se trata de una necesidad que ojalá el Gobierno Nacional saque adelante para arreglar cargas que han sido bastante desequilibradas. La Comisión de Gasto (no Planeación Nacional) dijo que la unificación presupuestal debe estar en cabeza de una sola entidad, y de paso quitarle el poder burocrático a Planeación, que se había convertido en un ejecutor del gasto y no un planeador del país a largo plazo. El presupuesto debe asignarse en función de los programas banderas de la administración, no de los congresistas con migas en el DNP. Este revolcón ayudaría a mejorar la coordinación entre las entidades nacionales y locales; así reza el documento de la Comisión del Gasto que bien valdría la pena tener a la mano en esta discusión del Plan que se apresta a dar un Congreso con un apetito voraz por los recursos públicos.