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EDITORIAL El frenazo que pone la Ley de Garantías
lunes, 2 de octubre de 2017
La República Más

La Ley de Garantías afecta la contratación de los alcaldes y gobernado-res y esta se convertirá en un freno para la esperada recuperación

Editorial

La economía colombiana enfrenta el último trimestre del año con unos fundamentales estables, pero bajos. La tendencia de las tasas de intervención es a la baja; la tasa de cambio de la moneda estadounidense se mantiene en torno a $3.000; la inflación ha regresado debajo del techo objetivo del Emisor; el desempleo está casi sostenido en un dígito; hay grandes expectativas de que el crecimiento del PIB de este último trimestre esté por encima de 2,3%, entre otros relojes que sirven para mirar lo que nos depara el mercado al rematar este año y para comenzar el otro. Pero son las expectativas del consumidor las que preocupan, las personas aún no reactivan las compras y por consiguiente las industrias mantienen en niveles muy bajos la capacidad instalada. Es esa típica calma chicha de la que se habla cuando nada pasa, pero todo puede pasar y cualquier situación inesperada inclina la balanza.

Así arranca el último trimestre con nubes calmadas a la espera de una tormenta que bien puede venir de la mano de la Ley de Garantías que empieza a regir el próximo 11 de noviembre cuando todas las dependencias públicas tengan que someterse a las normas electorales que les prohibe contratar hasta ciertos montos. Hace varios años que la Ley de Garantías definió las restricciones a la contratación pública que impiden a gobernadores, alcaldes, secretarios y directores de entidades estatales ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. Las elecciones para Senado y Cámara se realizarán el 11 de marzo de 2018 y las elecciones presidenciales el 27 de mayo de 2018; así pues desde el 11 de noviembre de 2017 y hasta el día que el nuevo Presidente de la República sea elegido no se podrán ejecutar recursos públicos, no importa la naturaleza o el orden nacional de las entidades contratantes. La Ley es enfática en que entidades estatales no hagan contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y hasta la fecha de elección, es decir a partir del 27 de enero de 2018. Automáticamente se frenan los convenios interadministrativos, aunque hay entidades departamentales con límites para atender convenios que incluye de infraestructura, salud, agua y saneamiento, entre otros sectores neurálgicos para los gobernantes locales.

Este año, a diferencia de los anteriores, la Ley de Garantías electorales será como ponerle freno de mano a la esperada reactivación económica y quizá ayude a hundir más las expectativas de crecimiento. Los alcaldes y gobernadores son los más perjudicados con esta norma, dado que esta reglamentación que procura combatir la corrupción, les frena las obras que tiene contratadas o que están por liberar. Claramente existe una desincronización entre la Ley de Garantías y el meridiano de la ejecución del plan de desarrollo de los gobernantes locales que van rumbo a 50% de su mandato en este diciembre. Aquí hay algo para rediseñar, y es que las obras de los departamentos y los municipios no pueden quedar frenadas porque hay elecciones para Congreso y para Presidente, debe buscarse una fórmula para no torpedear las dinámicas de contratación. No es un secreto que la economía regional y local aún se mueve en un gran porcentaje por lo que ganan esos mandatarios. Esta, sin duda, es una muestra más de la visión centralista que crece en el Estado.

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