El efecto de más abogados que ingenieros

Colombia está rezagada en infraestructura por varias razones: la primera porque los últimos gobernantes han tenido una visión cortoplacista; segundo porque históricamente la construcción de acueductos, carreteras, puentes, aeropuertos y puertos, eran obras entregadas a los congresistas y sus patrocinadores. Tercero porque la corrupción fue galopante con los dineros del erario público con la ‘vista gorda’ del ejecutivo; cuarto porque las oficinas de control y vigilancia nunca hicieron su papel constitucional, y quinto porque las firmas constructoras se dieron cuenta que más ganaban demandando al Estado y sus instituciones que haciendo las obras que ganaban con mentiras en las licitaciones.

Por eso lo que está sucediendo con una de las obras más importantes del Continente, la ampliación del Canal de Panamá, es solo una ‘exportación’ de prácticas corruptas que se vienen haciendo en Colombia por varias décadas. El protocolo siempre es el mismo. Los gobiernos identifican una megaobra y la publicitan haciendo soñar a sus electores; le destinan grandes presupuestos y utilizan cupos de endeudamiento con la banca multilateral; convocan una licitación en donde las constructoras locales se asocien con firmas extranjeras que avalan su experiencia y respaldo financiero; ambos miembros de los consorcios mueven sus palancas para ganar; ganan en una subasta polémica; el perdedor demanda; el ganador anuncia el cronograma; pasado uno o dos años cambia los planos; sube los costos; nunca comienza las obras, y demanda en tribunales por daños y perjuicios.

Y finalmente, pasados los años viene una misión diplomático-empresarial de los países involucrados, con rey o presidente abordo, para alegar seguridad jurídica y anunciar nuevas inversiones. Esa historia se repite y el modus operandi es el mismo en casi todo los países de América Latina. Por eso no es de sorprenderse que este continente se haya convertido en el escampado de muchas empresas constructoras europeas con números muy dudosos, pero hábiles para ganar licitaciones. Y las firmas colombianas de ingeniería han caído en el mismo juego, por eso en su nómina tienen más abogados preparando licitaciones y demandas que ingenieros en las obras o en trabajos de campo.

Pero lo que duele y molesta es que no escarmentamos y que nuestros gobernantes sigan en ese baile de corrupción en el que siempre pierden los pobladores de las zonas que necesitan las obras de infraestructura. Lo de Panamá es elocuente y si miramos es lo que sucede con las autopistas de Bogotá a Girardot, a Tunja; con el túnel de La Línea, y con un sin número de dobles calzadas que se pagan y nunca se entregan porque están en manos de abogados.